“Esa noche se vivió mucha miseria humana”

El 3 y el 4 de diciembre quedaron gravados en el calendario. Raúl Garzón, el representante del Ministerio Público que investigó y llevó a juicio algunos de esos episodios recordó las situaciones vividas y detalló el avance de las diversas causas.

Entre el martes 3 y el miércoles 4 de diciembre de 2013 Córdoba vivió 36 horas de caos y violencia, cuando fueron asaltados más mil comercios por quienes aprovecharon la ausencia de la mayoría de los policías, quienes se encontraban acuartelados por un reclamo salarial.

Los robos comenzaron en la tarde del martes, pero con el correr de las horas la situación empeoró. Los comercios bajaron sus persianas, se suspendió el transporte público -dejaron de circular ómnibus, taxis y remises-. Desde ese momento, Córdoba fue “saqueada” y sumida en una pesadilla.

“Nunca Más” es la reflexión que hace el fiscal de Instrucción del Distrito 3, Turno 7, Raúl Garzón, el funcionario judicial que tuvo a su cargo la investigación de la responsabilidad que les cupo a los policías sobre lo ocurrido y uno de los fiscales que tuvo que identificar a los responsables de los saqueos para llevarlos a juicio.

Con tono pausado, Garzón recuerda lo que le tocó vivir esos días, durante una entrevista que le concedió a Comercio y Justicia. Como miembro del Ministerio Público lo vivió en primera persona: “Yo recorrí mi Distrito aquella madrugada con el auto del Poder Judicial. A las cinco de la tarde les dije a mis empleados de la Fiscalía: ‘Temo por lo que pueda ocurrir a la noche”. Y así fue, señala.

Doscientas personas fueron detenidas, algunas de ellas terminaron imputadas pero muy pocas son las que han sido enjuiciadas todavía; se estima que ello ocurrirá el año próximo. Sólo en la fiscalía de Garzón se elevaron a juicio 17 causas que involucran a 50 acusados. Si esa cifra se la multiplica por cuatro, que son la cantidad de fiscalías que instruyeron los saqueos, se puede estimar que fueron 200 los ciudadanos que terminaron imputados, la mayoría acusada por el delito de robo calamitoso.

Llevados a juicio
En marzo se llevó a cabo el primer juicio oral por los saqueos y sirvió de “ foto” para entender qué les pasó por la cabeza a muchos cordobeses. Tuvo como protagonistas a dos hermanos quines, como muchos otros, vieron en aquella noche la oportunidad de “hacerse de lo ajeno”.

Ninguna de ellos tenía antecedentes, uno trabajaba como soldador y el otro hacía changas. Vivían justo al frente del supermercado Cordiez que saquearon. El botín que se llevaron fue modesto: latas de tomate, palmitos, durazno al natural, frutillas, una botella de aceite, yerba y otros alimentos. En pocas horas el local fue destrozado y vaciado por completo por una cantidad incierta de personas. Ambos fueron condenados a tres años de prisión con la posibilidad de obtener la libertad -con buena conducta- a los ocho meses.

Garzón recuerda que la mitad de los detenidos -e incluso menos- que saquearon los comercios tenía antecedentes delictivos; por el contraraio, el resto eran ciudadanos “comunes”, “que estaban insertos en la sociedad” y “tenían trabajo”.

Haciendo memoria, el fiscal nos cuenta un caso muy llamativo. Tuvo como protagonista a un joven con estudios universitarios.

“Era un muchacho que volvía de su trabajo y pasaba justo por un negocio que estaban saqueando, se llevó un ventilador y lo detuvieron en la esquina, estuvo un tiempo preso y luego fue liberado, pero al poco tiempo vino a mi Fiscalía y me dijo que quería saldar su deuda con la Justicia, que si para ello tenía que ir preso, lo iba a hacer, que estaba arrepentido”.

Sobre este caso, Garzón reflexiona: “No está mal equivocarse, está mal no hacerse cargo”, dijo, al adelantar que pedirá para este joven un juicio abreviado.

“Esa noche se vivió mucha miseria humana, que la tenemos y forma parte del ser humano, pero lo importante es que esto no ocurra nunca más”, reflexionó el fiscal, quien repitió esta frase una y otra vez a lo largo de toda la entrevista.

La actuación policial
La responsabilidad que le cupo a los policías que se plegaron al acuartelamiento quedó bajo la tutela de Garzón quien, según dice, comenzó su intrucción absolutamente “solo”.

“Yo esperé primero que los policías trabajaran en recuperar lo que se había saqueado y unas semanas después los empecé a investigar”. A un año, 62 policías fueron imputados acusados de iniciar la protesta.

Sin embargo, Garzón admite que no todos los responsables de lo ocurrido “fueron alcanzados por los brazos de la justicia”. En ese sentido, dijo que pefirió “menos imputaciones y más caudal probatorio”.

Y aprovechó para defenderse de quienes lo acusan de criminalizar la protesta: “No pueden caer en el manto del olvido los hechos que ocurrieron el 3 y 4 de diciembre, la sociedad debe saber por qué fue damnificada en su gran número. Necesita una respuesta de la Justicia determinando quiénes se apartaron y aprovecharon esos días. En definitiva, no es una cuestión de criminalizar protestas sino de analizar las protestas en sí mismas, en sus manifestaciones, para que no se convierta el reclamo en un acto ilegal. No es admisible hoy como están organizadas las fuerzas de seguridad hablar de protestas policiales; hacerlo implica apartarse de la ley, porque estamos hablando de fuerzas de seguridad”, remarcó.

Y concluyó: “Nadie puede discutir la legitimidad del derecho a huelga; pero sin dudas como todo derecho tiene límites y los límites están dados por los derechos de los demás. En esto aprendimos todos; los conflictos son una fuente de aprendizaje. Pretender vivir en una sociedad sin conflicto es casi una utopía. Ahora, los conflictos deben manejarse dentro de determinados cauces sino se produce el desborde social”.