Es inconstitucional obligar a jubilarse a los 50 años de edad

La imposición está legislada por un decreto que se aplica al personal femenino de las empresas telefónicas que realicen tareas habituales como operadoras. La Corte Suprema impugnó esa normativa. [privado] La Sala IX de la Cámara Nacional del Trabajo declaró inconstitucional el decreto 4645/72, norma que dispone que “tendrá derecho a la jubilación ordinaria con 50 años de edad y 25 de servicios el personal femenino que, en las empresas telefónicas, realice habitual y directamente tareas de operadoras o telefonista”. La decisión fue adoptada en la causa “Arocenac/ Telefónica de Argentina”, en la que la trabajadora impugnó la citada norma porque no deseaba jubilarse a esa edad, quería seguir trabajando, por lo que recurrió a la Justicia a fin de obtener una sentencia que le garantizara el derecho a seguir laborando y que estableciera que era aplicable el régimen general del artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). En primera instancia se rechazó la acción, pero los jueces Edmundo Ballestrini y Roberto Pompa consignaron que el decreto, “lejos de significar una cortapisa para aquellas mujeres alcanzadas por el ámbito de aplicación que -no obstante haber superado esa edad- quieran continuar con su actividad, contempló la posibilidad de lo que en esa época podía considerarse un mejor derecho teniendo en cuenta que las características especiales de la tarea llevada a cabo de manera continua podía derivar en un agotamiento prematuro”. En tal sentido, el fallo resumió: “Resulta insoslayable que desde la época del dictado de dicha norma hasta el presente, han variado de tal manera las condiciones en las que se accede y las expectativas para el futuro que presenta la referida jubilación ordinaria, que el acceso anticipado a la misma que otrora podía ser visto claramente como un beneficio especial para quienes si bien no se desempeñaban en tareas insalubres estaban sometidos a condiciones particularmente desgastantes de labor, en la actualidad es contemplado como una virtual condena a subsistir con un ingreso menguado”. Así, la Cámara subrayó que la conducta de las partes “debe tener como premisa la vigencia de la relación laboral de conformidad con el principio de continuidad consagrado legalmente en el art. 10 de la LCT, como así también la pauta de valoración pro operario establecida en el art. 9º del mismo cuerpo legal” y declaró que, de acuerdo con los términos del decreto 4645/72, “se extrae que se le confirió a las trabajadoras un derecho en lugar de asignarle una obligación, no derogando en lo particular las normas generales contenidas en los arts. 252 de la LCT y 19 de la ley 24.241”. En consecuencia, la decisión sostuvo que el acuerdo al que arribaron el sindicato de telefonistas con la demandada “carece de viabilidad para incidir limitando la voluntad de la reclamante manifestada de conformidad con las referidas normas, ya que aun soslayando la falta de prueba alguna en torno a la homologación por la autoridad administrativa que condiciona su oponibilidad”, pues “resulta inadmisible que a través de un arreglo de esa índole puedan afectarse peyorativamente facultades otorgadas al trabajador a través de normas generales o individuales”, lo que derivó en la declaración “en el caso de la reclamante la aplicación irrestricta de los arts. 252 de la LCT y 19 de la ley 24.241”. [/privado]

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