Es ilegítimo gravar el espacio público que ocupa el cableado

Dan la razón a una empresa de telefonía a la cual el gobierno porteño pretendía cobrarle ese concepto. Al existir fallos contradictorios sobre la materia, el juez actuante adhirió a una de las posturas invocando la economía procesal. [privado] La Justicia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a un planteo de la empresa Telmex y declaró ilegítimo que el gobierno porteño cobre el uso del espacio público para el cableado. El juez Marcelo Segón, titular del juzgado en lo Contencioso-administrativo y Tributario N° 17, hizo lugar a una demanda iniciada por la empresa referida, que cuestionó en la justicia el cobro de más de 3 millones de pesos (período 2007-2008) del fisco de la ciudad por el uso y ocupación de la superficie, subsuelo y espacio de dominio público para el cableado necesario para la prestación del servicio. Exención Sostenía la compañía que el gobierno de la Ciudad “desconoce la exención” contemplada por la ley nacional N° 19798 que reconoce los servicios de telecomunicaciones como “servicio público” y que por eso no debía abonar tal impuesto. El juez declaró “la ilegitimidad de la pretensión fiscal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cobrarle el gravamen por el uso y la ocupación de la superficie, subsuelo y espacio del dominio público”, añadiendo que entendía “que la pretensión fiscal de gravar el uso diferencial de la ocupación y/o uso del espacio público con el tributo previsto en los artículos 293 y 298 del Código Fiscal para el ejercicio 2008 (…) constituye un inequívoco avance sobre la reglamentación que el gobierno nacional ha hecho en una materia delegada por las provincias a la Nación”, según argumentó en su sentencia. El tribunal explicó lo anterior argumentando que esa pretensión del gobierno “importa el desconocimiento del ámbito de protección que la ley federal otorga a dicho servicio público y, en definitiva, lesiona palmariamente el principio de supremacía legal del artículo 31 de la Constitución Nacional (doctrina de Fallos: 137:212; 320:162, considerando 9°, entre otros)”. Doctrina Por eso, para el magistrado “corresponde resolver la presente cuestión a la luz de la doctrina adoptada en la causa “NSS S.A.” del máximo tribunal federal de la nación, a fin de evitar que un pronunciamiento contrario redunde en un dispendio jurisdiccional, afecte el principio de economía procesal y someta a la parte a un largo camino judicial, a la postre, innecesario, para lograr el reconocimiento de sus derechos”. Paralelamente, el juez Segón reconoció que “el Tribunal Superior de Justicia, en situaciones similares a las que aquí se presenta, sostuvo un temperamento contrario al mantenido por el máximo tribunal federal de la nación”, pero, en lo personal, se adscribió a la línea de la Corte Suprema por “razones de economía procesal” y dio la razón a la empresa. [/privado]

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