Encargada de sistemas tenía vínculo laboral

La condena se extendió al presidente del banco demandado ya que no pudo ignorar, desde el estándar del “buen hombre de negocios”, las irregularidades de los vínculos. [privado] La Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo porteña condenó solidariamente a un banco y a sus directivos a indemnizar a una dependiente que facturaba mensualmente. Al demandar, la actora explicó que se desempeñaba como encargada del mantenimiento y modificación del sistema informático de la firma, así como también de la resolución de las fallas que se presentaban. También detalló que cumplía sus tareas en la entidad de lunes a viernes de 13 a 18 horas, que luego aceptó un cambio de horario y que en un determinado momento pidió que se regularizara su situación y que decidió considerarse despedida por el silencio de la empleadora. El juez de primera instancia hizo lugar al reclamo e hizo extensiva la condena al presidente de la persona jurídica por las irregularidades en la registración laboral. La accionada recurrió y adujo que se vinculó con la demandante por una locación de servicios, agregando que la empresa era de pequeñas dimensiones. Sin embargo, la cámara avaló lo resuelto por el a quo y subrayó que la compañía le delegara la realización de labores propias de su especialidad a la reclamante era una circusntancia que ayudaba a acreditar la operatividad de la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). “El hecho de que la empleada tuviera una especialidad y conocimientos técnicos en informática que le permitieran ejercer funciones calificadas no importa, por sí mismo, la imposibilidad de establecer un vínculo laboral”, remarcó. Integrada En esa línea, agregó que lo importante era verificar si la accionante estaba integrada a la empresa, junto con otros medios personales y materiales a la empresa, para el logro de sus fines. “La firma pretende encubrir un contrato de índole laboral, cuando, como en el caso, se demuestra la prestación personal de servicios para el banco”, enfatizó la Alzada. Así, plasmó que de acuerdo con los testigos la empleada concurría diariamente al banco, en un horario extenso, no en forma ocasional ni acotada; que tenía asignado un escritorio y una computadora para sus tareas, con casilla de mail institucional. En tal sentido, enfatizó que en el caso no se trató de una mera prestación de servicios en forma esporádica. Para llegar a esa conclusión, además, los vocales Gabriela Alejandra Vázquez y Julio Vilela señalaron que la demandante usaba tarjetas personales y magnéticas para ingresar al establecimiento donde realizaba sus tareas. Para la Alzada, el hecho de que la actora cumpliera tareas que posibilitaban la actividad específica de las demandada y que recibiera pagos periódicos por su labor hacía presumir la existencia de un contrato de trabajo. “En definitiva, existió una prestación personal de servicios por parte de la mujer a cambio de una remuneración -dependencia económica- y en base a una conducta ajustada a la organización empresaria de la firma -dependencia jurídico personal-, cuyos medios personales integró”. acotó. Además, confirmó la extensión de la condena al presidente del banco, al señalar que no pudo ignorar -desde el estándar del “buen hombre de negocios” y conforme una noción de buena fe activa y no meramente pasiva que impera en el derecho patrimonial argentino- las irregularidades de los vínculos laborales. En cuanto a la medida de su responsabilidad, se ciñó al pago de aquellos rubros que guardan relación causal adecuada con la transgresión legal que se le imputó subjetivamente al directivo; es decir, que haya mantenido o avalado, desde la acción o la omisión, la clandestinidad de la relación laboral desde un operar activo o aún desde una reprochable pasividad. [/privado]

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