En requisito para un concurso, el TSJ priorizó el domicilio real al formalismo

Rechazan un planteo de la Provincia para vetar a la postulante para un cargo en Río Cuarto. El Máximo Tribunal atendió la verdad que surgía de la documentación y de testimonios

En decisión plenaria, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba rechazó una apelación de la Provincia en contra de la sentencia que hizo lugar a una acción de amparo deducida por la participante de un concurso público . En consecuencia, ordenó al Ministerio de Trabajo local que restituya a ésta en el orden de mérito definitivo elaborado por el tribunal del evento para el cargo para el que se postuló, en la ciudad de Río Cuarto.

La concursante había sido excluida de la convocatoria por considerar la Administración que no cumplía con el requisito de residencia en la urbe citada, pues del DNI que presentó surgía que se domiciliaba en Córdoba capital.

Sin embargo, la sentencia de la cámara se basó en que, conforme la prueba aportada, la amparista sí residía en Río Cuarto, lo que fue recurrido por el Estado.

Consideraciones formales

Avocado al caso, el TSJ integrado por los vocales Domingo Sesin, Aída Tarditti, Luis Rubio, Mercedes Blanc de Arabel, María Marta Cáceres de Bollati, Luis Angulo y Claudia Zalazar analizó que en el caso debía resolverse si la decisión del tribunal del concurso se basó en consideraciones formales y prescindió de elementos fácticos relevantes, como si la accionante residía o no en Río Cuarto aunque su documento de identidad dijera otra cosa, cumpliendo una condición de carácter fáctico se cumplía en la realidad (verdad material), que las formalidades del concurso no permitieron vislumbrar.

En esa dirección, se apuntó a la presentación de un certificado (fechado el 6 de julio de 2017), suscripto por la subdirectora de Jurisdicción de la Delegación Río Cuarto del Ministerio de Trabajo de la Provincia, del que surgió que la demandante era empleada de esa dependencia, resaltando que el DNI que acompañó no revelaba el dato fáctico de su efectiva residencia. A su vez, se destacó que era requisito para concursar que fuese residente o estar radicado en el radio del domicilio de la delegación.

Sin embargo, el TSJ observó que la acreditación del punto anterior no necesariamente debía satisfacerse por medio del documento de identidad, al expresar que la residencia -como dato fáctico- podría no coincidir con el llamado “domicilio legal”, que consta en el DNI.

Por ello, luego de evaluar la prueba presentada -que incluyó un contrato de locación y una testimonial-, los vocales concluyeron que la postulante residía en la ciudad donde se concursaba el cargo al que aspiraba; es decir, Río Cuarto.

En dicho contexto, se subrayó que no fue un dato menor que parte del material probatorio aludido consistiera en las propias constancias del Ministerio de Trabajo, ámbito laboral de la demandante, lo cual no surge sólo de su legajo personal sino particularmente de la respuesta al oficio remitido al propio ministerio.

Reconocimiento

Así, el TSJ consideró que fue la propia Administración la que reconoció que la accionante trabajaba en esa dependencia desde el 1 de febrero de 2014, en el horario de 8 a 14, y que existía una presunción -avalada por otras pruebas- de que residía en la zona aledaña a su lugar de tareas, ya que lo contrario implicaría que tuviese que viajar diariamente a Río Cuarto para cumplir sus labores y luego retornar a Córdoba capital, lo que implicaría un recorrido de 424 kilómetros entre ida y vuelta.

Por lo expuesto, el plenario del TSJ sostuvo que “del juego de los principios de verdad real e informalismo moderado se impone una conclusión: la exclusión automática de la señora R. del orden de mérito ha supuesto la consumación de un formalismo estricto y la paralización de la Administración en la búsqueda de la verdad real”.

Frente a ello, el máximo estrado judicial de la Provincia derivó que si el requisito de residencia se cumplía, la concursante podía continuar con el curso del procedimiento, por lo que se confirmó la sentencia apelada por el Estado provincial.