ESCUCHARLa prevención del delito más complejo del mundo exige actualizaciones permanentes, que acompañen la evolución de las técnicas que utiliza la criminalidad financiera. Sin embargo, el país no cambia la ley desde hace diez años. El Congreso ahora corre contrarreloj para modernizarla: el año que viene hay inspección internacional
Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados buscó avanzar este miércoles con el debate sobre el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que espera su actualización desde hace diez años. Al país le urge rever la normativa, porque el organismo internacional que regula la prevención de la criminalidad financiera, el GAFI, hará en 2023 una inspección al país y podría sancionar a la Argentina si no avanza decididamente con la cuestión.
En el «Mundial» de la prevención del delito más complejo del mundo, Argentina no está clasificando y es la razón por la cual el Gobierno nacional envió un proyecto de Ley al Congreso con el cual busca responder a las actualizaciones normativas internacionales, que esperan desde marzo de este año que la Argentina se ponga a tono con la cuestión.
Sin embargo, ya sobre el último mes del año, la cosa sigue trabada en Diputados y es lo que motivó el plenario del miércoles, donde se plantearon una serie de modificaciones para incorporar a la iniciativa original con el objetivo de generar mayores consensos y de este modo, darle play a una cuestión sensible que desde hace meses está en pause.
Es por eso que las comisiones volvieron a reunirse este miércoles tras el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre en el que expusieron, además de Otero; el director del Banco Central (BCRA), Zenón Biagosch; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, entre otros, tal como lo cronicó exhaustivamente este diario.
El debate de la iniciativa continuó entonces el miércoles en el plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.
Al comenzar la reunión el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, anticipó que la intención del oficialismo no era avanzar en la firma del dictamen en este encuentro debido a que aún resta que el proyecto sea debatido en la comisión de Legislación Penal, y propuso escuchar al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, para que explique las modificaciones que se proponen incorporar al texto.
Al explicar las modificaciones incorporadas al borrador de dictamen, Otero sostuvo que «cuanto antes lo aprobemos vamos a poder trabajar en la efectividad de la norma», y aclaró que el GAFI «evalúan a un país, no a un gobierno», al recordar que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En rigor de verdad, el país sigue atrasado no sólo en lo normativo, sino también en lo operativo ya que la Unidad de Información Financiera que persigue la financiación al terrorismo y el lavado de dinero, no cuenta ni con el presupuesto ni con el personal necesario para cumplir a fondo con su función. Es la razón por la cual los números finales sobre sumarios, informes finales, reportes de operaciones sospechosas, multas y denuncias siguen fueron bajísimos durante años, aunque en los últimos tiempos los integrantes de la oficina pisaron el acelerador más a fondo. Según el informe 2021 de la entidad, más de 4 mil sujetos obligados se inscribieron en el registro de la entidad; se registraron más de 64 mil reportes de operaciones sospechosas; hubo casi un centenar de sumarios con informes finales por violaciones varias a la Ley; y se aplicaron 60 multas a empresas y profesionales involucrados en ilícitos varios, todas ellas millonarias y algunas, de sumas muy abultadas.
Qué se quiere cambiar
En torno de las 11 modificaciones que se proponen incorporar, Otero detalló los aspectos técnicos planteados, entre ellos, la incorporación del verbo poseer sobre el tipo penal de lavado de activos; el monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal -el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos-, a la vez que precisó que se incorpora la pena de multa y se suprime la pena de prisión, en lo que hace al tipo penal atenuado.
Asimismo, el funcionario planteó modificaciones respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y la incorporación del concepto de operación sospechosa.
Además, Otero detalló que se propone además en el texto la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva, como se contempla en otros países, y un Registro de Proveedores Virtuales, entre otros cambios planteados.
Desde la oposición, el diputado del PRO; Pablo Tonelli, puso de relieve que «hemos avanzado bastante», y destacó que «buena parte de las propuestas han sido receptadas y estamos más cerca de llegar a un acuerdo final«.
«Esto porque hemos encontrado buena voluntad para avanzar», dijo, aunque planteó la necesidad de incorporar otras modificaciones, entre ellas que conste de manera expresa la facultad de la UIF de querellar que, dijo, «hoy está en un decreto, no en una ley».
A su turno la diputada de la CC, Mariana Stilman, consideró que “lo que faltaría y es imprescindible para nosotros es trabajar sobre la designación y remoción de autoridades y la efectiva independencia de la UIF”, al sostener que es una recomendación del GAFI que, dijo, «hasta ahora el proyecto no contempla» .
En tanto, la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño, dijo que se trata de «una legislación que nos supera a nosotros, que nos pone en un nivel internacional de trabajo en contra de los delitos complejos», y planteó que su espacio «sigue reclamando, como el primer momento, que la nominación del funcionario a cargo sea una nominación que esté vinculada con la aplicación de saberes e idoneidad, que tenga que ver con concursos”.
El proyecto de reforma es resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
