En deuda jueces y camaristas cordobeses en sala de espera

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación sigue postergando el tratamiento del dictamen que involucra a los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres, Luis Rueda e Ignacio Vélez Funes, acusados por presuntas irregularidades cometidas en el tratamiento judicial del caso del cadete del Liceo Militar, Roberto Piccón.

En febrero, Sánchez Torres, Rueda y Vélez Funes presentaron sus descargos por escrito ante la Comisión, tras lo cual no hubo ningún tratamiento del cuerpo.

Lo mismo ocurrió en el caso de la jueza federal Nº 3, Cristina Garzón de Lascano, a quien se la denunció en el 2003 tras el fallo por el que la funcionaria prohibió la comercialización y distribución nacional de determinados anticonceptivos por considerarlos abortivos.

El caso está paralizado desde principios de año, cuando el senador Ernesto Sanz presentó ante la comisión un dictamen en el que desestimaba el pedido de jury de enjuiciamiento.
En carpeta también continúa sin resolución la acusación contra el juez federal de Bell Ville, Oscar Valentinuzzi, mientras cumplía funciones en Río Cuarto.

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