En caso de dudas, la decisión siempre debe favorecer los intereses del trabajador

En la causa, en la que se debatía la existencia de una relación laboral, el accionante sólo había presentado un testigo, lo que fue legitimado por los vocales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) revocó la sentencia de la cámara a quo, que había rechazado la demanda al considerar que el actor no había acreditado la relación laboral con la demandada Prac SA debido a que sólo presentó un testigo.

Para arribar a esa decisión, el Alto Cuerpo advirtió que no se tuvo en cuenta que ese testigo había trabajado en la misma empresa y que, además, no se le dio valor a la confesional ficta de la demandada, al no haberse presentado a la audiencia de absolución de posiciones.

Asimismo, en el fallo se recordó que, en caso de dudas, debe estarse a favor de los intereses del trabajador.

El trabajador se agravió por el rechazo de la demanda y de la imposición de las costas, al entender que se omitió aplicar el apercibimiento dispuesto en la apreciación de la confesional ficta de la accionada, lo que, sumado a la declaración del testigo, acreditaba la relación de dependencia invocada.

Valoración

De igual modo, el accionante señaló que, en la valoración del mencionado testigo, se vulneraron las reglas de la sana crítica racional, toda vez que manifestó que el actor trabajó en Prac SA, no sólo porque lo vio pasar con destino a ese lugar sino que, además, sabía que laboraba mañana y tarde pero no la causa de la desvinculación.

El TSJ -integrado por los vocales Luis Enrique Rubio, Mercedes Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo-, al analizar la cuestión, indicó que el a quo no hizo lugar al reclamo con base en la descalificación del único testigo que depuso en la causa y restándole eficacia, a la confesional ficta del accionado porque el pliego de posiciones contenía afirmaciones que fueron objeto de una negativa expresa. En tal sentido, se agregó que ambos elementos probatorios no fueron respaldados por prueba independiente.

Al respecto, el TSJ sostuvo que los vicios denunciados se verifican en el pronunciamiento, ya que no impide la conclusión que se trate de valoración de prueba, pues la Sala Laboral conoce en la materia cuando se vulneran las reglas del correcto razonar en su análisis.

Dichos

En esa dirección, la decisión sostuvo que la escueta valoración, que deja de lado los dichos del testigo, no resulta derivación lógica de la propia declaración, en la cual expresó que el actor trabajó en Prac SA, porque lo veía pasar con ese destino, que creía que cargaba pollos, para terminar siendo contundente con las condiciones en que se prestaban las tareas -horario, remuneración, etcétera-, lo que coincide con lo descripto en el libelo inicial.

Además, el fallo resaltó que el declarante expresó haber laborado en la empresa, apuntando a la conducta de la contraria, que emerge decisiva, frente a la negativa de la relación de dependencia, pues no asistió a la audiencia del Ministerio de Trabajo y tampoco a la de vista de la causa, sin justificación alguna, ni valorar las consecuencias jurídicas por su no presentación.

En tales condiciones, el Alto Cuerpo sostuvo que resulta demostrado que el demandante probó su unión con la demandada.

Precepto

Así las cosas, los vocales indicaron que si quedaran dudas al respecto, las mismas deben dirimirse en favor del trabajador, por imperio de lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), en torno a que en caso de duda la prueba debe estarse a favor de los intereses del actor.

Por lo expuesto, en el fallo se resolvió que corresponde hacer lugar a la demanda y condenar a Prac SA a abonar las indemnizaciones previstas en los artículos 232, 233, 245 y multa del artículo 80 LCT y la entrega de las certificaciones pertinentes, éstas en el término de 60 días, desde el presente pronunciamiento, bajo apercibimiento de astreintes equivalentes a un día de Salario Mínimo Vital y Móvil por cada día de demora posterior al vencimiento del plazo, en beneficio del accionante y hasta un máximo de 90 días, transcurrido dicho período, las confeccionará el a quo con los datos que obran en el sub examen.