Durante 2019, la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación (DGN), destinada a garantizar la asistencia jurídica gratuita y especializada a la población migrante, tanto en sede administrativa como judicial, presentó en total 1.392 recursos, que abarcan demandas judiciales, recursos extraordinarios, quejas y apelaciones. Ese número, sin contar la feria judicial, equivaldría a 126 recursos por mes o a cinco recursos por cada día hábil del año.
La elevada cantidad de recursos es la consecuencia de la aprobación y aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017 a los trámites migratorios que firmó oportunamente el presidente Mauricio Macri.
Según datos de la referida Comisión, en 2016 (año previo a la implementación del DNU) dicha oficina presentó 84 demandas judiciales; en cambio, en 2019 llegaron a ser 523. Es decir que esas peticiones se incrementaron más del 500%. Asimismo, en 2019 los recursos extraordinarios o quejas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por expulsiones ascendieron a 332, cuando en 2016 fueron sólo 19.
La sanción del decreto 70/2017 también implicó limitaciones de derechos que garantizaba la ley 25871 en su versión original, pudiendo mencionarse la indistinción entre residentes y no residentes en el momento de analizar la sanción de expulsión; la dispensa solo limitada a delitos menores; la imposibilidad del poder judicial de revisar las dispensas; y el acotamiento del plazo para recurrir a sólo tres días, entre otras cuestiones. El aumento de la cantidad de casos y los plazos acotados para presentar recursos implicaron limitaciones en el ejercicio del derecho de defensa de las personas migrantes. Además, la ley tiene una dispensa por reunificación familiar que, a partir de la sanción del mencionado DNU, dejó de aplicarse en materia de expulsión de personas con condena.
Sin perspectiva de género
La defensoría brindó asistencia en 125 casos en los que mujeres madres o abuelas enfrentaban procesos de expulsión. De ese total, 107 corresponden a casos de madres con hijos argentinos, once a madres con hijos no argentinos y siete a casos de abuelas a cargo de sus nietos/nietas. En 32 casos, además, se trató de familias monoparentales y algunas de esas madres habían sido víctimas de violencia doméstica. Sus órdenes de expulsión también fueron confirmadas sin tener en consideración sus situaciones particulares, explicó el informe de la Defensoría General de la Nación (DGN).
El documento también señalaba que varios de estos casos se encuentran recurridos y en instancia de revisión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre ellos, el de una madre de cuatro niños menores de edad de nacionalidad argentina, quien fue víctima de violencia doméstica y de género por parte del padre de sus tres hijos mayores, y cuya orden de expulsión fue confirmada cuando todavía se encontraba amamantando a su hijo más pequeño.
LA DGN informó sobre la falta de perspectiva de género al momento de decidir respecto de las mujeres denominadas “mulas”, quienes son expulsadas por infracciones a la Ley de Estupefacientes sin tener en consideración su situación de extrema vulnerabilidad, o la posibilidad de que en realidad sean víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajo forzoso.
La DGN, en aquella ocasión, también advirtió prácticas discriminatorias hacia personas del colectivo trans por parte de algunos tribunales del fuero Contencioso-administrativo Federal, que resultan violatorias de la ley de identidad de género (ley Nº 26743). Sus órdenes de expulsión son confirmadas sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad y la violencia estructural a la que son sometidas en general y, en especial, en determinados países de origen donde sus vidas corren riesgo por su condición.
