Empresa alimentaria no responde por deudas laborales de una distribuidora

En el fallo se entendió que Arcor SAIC -la industria demandada- no era solidariamente responsable por el reclamo judicial que planteó una empleada de la empresa que comercializa sus productos [privado]

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) admitió la casación presentada por Arcor SAIC y rechazó la condena solidaria impuesta en su contra por las deudas laborales contraídas por la distribuidora Gonzalez Garcia SA con uno de sus empleados.

La empresa alimentaria se agravió porque fue declarada solidariamente responsable, argumentando que la juzgadora no explicó por qué le atribuye el incumplimiento de la carga probatoria sobre el carácter comercial de la relación con la empleadora de la reclamante, pese a que en su libelo inicial la firma sostuvo que los distribuidores compraban la mercadería que luego la revendían a pequeños comerciantes minoristas.

Según la compañía, claramente cada una de las demandadas tenía una actividad normal y específica propia y bien diferenciada.

En igual sentido, Arcor se agravió porque el a quo tampoco justificó la falta de valoración del testimonio de Sebastián González García, encargado de la administración de la empresa González García SA y hermano del dueño. Este testigo indicó que la relación era netamente comercial, que le compraban los productos a la fábrica y se vendía a clientes propios, que la mercadería le pertenece únicamente al distribuidor y que, en su zona de actuación, el establecimiento industrial no efectuaba venta directa.

Aclaración

En esa dirección, Arcor aclaró que, aunque la declaración no le mereciera credibilidad por contradecirse con otro testigo sobre la existencia de premios en efectivo, lo cierto es que, respecto a los negocios entre ambas empresas, la declaración de Sebastián González García no tuvo contradicciones.

La relación con el empresario que explota el transporte y la colocación de los productos como distribuidor mayorista, tal el caso de la codemandada González García SA no implica por sí una delegación de procesos propios, inherentes a la producción, como parece deducirse del decisorio en crisis.

La empresa apuntó que en el estatuto social de Arcor SAIC figura como objeto de la sociedad el desarrollo de actividades comerciales e industriales, quedando allí comprendidas la elaboración y la circulación de los productos alimenticios que fabrica y que la fijación de la zona asignada a los distribuidores, la política de precios, capacitación y premios como incentivación para alcanzar mejores resultados de ventas, etcétera no significan, por sí mismas, un fraccionamiento o delegación de la actividad, que vende sus productos en forma directa a los clientes que, por su propia cuenta y riesgo, revenden al comercio minorista.

Así, Arcor concluyó que el negocio de distribución que explotaba González García SA como distribuidor exclusivo no constituye por ello subcontratación, franquicia ni tercerización.

Reproche

A la hora de decidir la casación, el TSJ integrado por los vocales Luis Enrique Rubio, María Mercedas Blanc de Arabel y Luis Eugenio Angulo indicó que el sentenciante a quo le reprochó a la codemandada Arcor SAIC no haber aportado pruebas para demostrar que la relación con la empleadora directa de la actora era únicamente por operaciones de venta, pese a estar en las mejores condiciones para hacerlo y por esa inactividad concluyó extendiéndole la condena como solidariamente responsable.

Sobre el punto, el Alto Cuerpo aclaró que el objeto social de Arcor SAIC consiste en la producción de golosinas, productos alimenticios y derivados, para lo cual lleva adelante los procesos de elaboración propios de una industria alimenticia, agregando que, “como no puede ser de otra manera”, el ciclo culmina con la comercialización de la producción.

Por ende, el fallo expuso que lejos de cuestiones meramente probatorias, la logística, el transporte y la distribución de las mercaderías conectan con la actividad comercial que desarrolla, que es de gran envergadura.

La decisión observó que la relación con el empresario que explota el transporte y la colocación de los productos como distribuidor mayorista, tal el caso de la codemandada González García SA no implica por sí una delegación de procesos propios, inherentes a la producción, como parece deducirse del decisorio en crisis.

Época

Asimismo, el TSJ consideró: “En la época que transitamos, la estructura económica asentada íntegramente en una sola empresa -desde la fabricación hasta la entrega del producto al consumidor final- dejó de ser la pauta”.

El Alto Cuerpo remarcó que la previsión normativa condiciona el deber de responder, como efecto o consecuencia jurídica, al hecho de la delegación o subcontratación de trabajos o servicios inherentes a la actividad normal y específica propia del establecimiento.

En esa dirección, los vocales concluyeron que ese fraccionamiento de la actividad industrial propia no se verificó, infiriendo que nada justifica condenar a la recurrente, por supuestas obligaciones laborales no cumplidas por el comerciante que empleaba a la empleada reclamante.

En consecuencia, en el fallo se resolvió que corresponde admitir el recurso y rechazar la acción deducida contra Arcor SAIC.

Autos: "QUINTEROS MARIANA DEL VALLE C/ GONZÁLEZ GARCÍA SA Y OTROS - ORDINARIO - ESTATUTOS ESPECIALES” - RECURSO DE CASACIÓN 3137264

El fallo Descarga

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