Empleo universitario: es inconstitucional exigir ser argentino nativo o naturalizado para concursar

El titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso-administrativo Federal Nº 7 se pronunció en una acción de amparo promovida por una contratada de la UTN que fue rechazada para intentar acceder a un cargo

Miguel Ángel Gilligan, titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso-administrativo Federal Número 7, dictaminó que debe declararse la inconstitucionalidad de la resolución 8798/19 de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en el marco de una acción de amparo interpuesta por una empleada contratada a quien, por aplicación de esa norma, se le impide presentarse a un concurso para cubrir una vacante de auxiliar administrativa, por no ser argentina o naturalizada.

Gilligan reseñó que la mujer basó su reclamo en el artículo 16 de la Constitución Nacional (CN), que consagra que las personas son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad.

A su turno, la UTN había convocado a un concurso para cubrir el cargo de auxiliar administrativo de su Departamento de Cultura.

La actora, de nacionalidad colombiana , quien se desempeña en ese puesto bajo la modalidad de locación de servicios, se presentó para concursar. Sin embargo, la resolución de convocatoria establecía como requisito que los postulantes sean argentinos nativos o naturalizados, lo cual fue cuestionado por la dependiente en sede administrativa, sin acogida favorable, lo que motivó la pertinente acción de amparo.

La amparista sostuvo que la exigencia viola su derecho a trabajar y el artículo 16 de la Carta Magna. También, que vulnera la ley 23582 -de Penalización de Actos Discriminatorios-, el Código de Ética de la Función Pública y el convenio colectivo de trabajo para el personal no docente de la UTN.

En su presentación, sostuvo que la exigencia viola su derecho a trabajar y el artículo 16 de la Carta Magna.

También, que vulnera la ley 23582 -de Penalización de Actos Discriminatorios-, el Código de Ética de la Función Pública y el convenio colectivo de trabajo para el personal no docente de la UTN.

Tras analizar el caso, Gilligan propició que se haga lugar a la acción de amparo y que se invalide la manda cuestionada.

Indicó al respecto que la casa de estudios no logró argumentar las razones de la exigencia, en el marco del artículo 16 de la CN.

Arguyó asimismo que la jurisprudencia ya evaluó supuestos en los que se distinguía entre un argentino nativo y un naturalizado para acceder a un cargo y consideró que la garantía constitucional en juego implica la igualdad para todos los casos idénticos y la prohibición de establecer excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en circunstancias análogas.

“Las distinciones establecidas por el legislador en supuestos que estime distintos son valederas en tanto no obedezcan a propósitos de injusta persecución o un indebido privilegio”, enfatizó.

Además, el fiscal señaló que la UTN, al responder a su informe, no fundó debidamente el recaudo que incluyó en la norma que dictó, y aclaró que no basta indicar que tiene autonomía académica e institucional.

También estimó que la institución “debía acreditar que existían fines sustanciales que hacen al ejercicio de la función que requería que el cargo sólo pudiera ser cubierto por argentinos o argentinos naturalizados con más de cuatro años de nacionalidad” y, a la vez, “disipar toda duda sobre si no existirían medidas alternativas (a la exigencia de nacionalidad argentina o naturalización) que pudieran garantizar el objetivo perseguido de un modo menos gravoso para el interesado”.