Se trata de la primera medida cautelar dictada sobre inmuebles propiedad de una empresa cuyos directores o administradores están siendo investigados por estos crímenes. Los imputados cedieron el predio para el asentamiento de un centro clandestino de detención y colaboraron con la operación logística
A pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), se dictó el embargo del Ingenio La Fronterita, por haber sido utilizado para cometer delitos de lesa humanidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán hizo lugar a lo planteado por la fiscalía ante el TOF, a cargo de Pablo Camuña, y la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes, dirigida por Carmen Chena, y dispuso medidas cautelares patrimoniales tendientes a la restitución y reparación de las víctimas del caso, en el que se investiga la responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar en Tucumán.
Se trata de la primera medida cautelar que se dicta sobre inmuebles propiedad de una empresa cuyos directores o administradores están siendo investigados por crímenes de lesa humanidad.
Los jueces consideraron que debía procederse al embargo con fines de decomiso del inmueble ya que se trata de un bien utilizado como instrumento del delito, en tanto fue cedido por los imputados -en su calidad de mandatarios, miembros o administradores de la empresa José Minetti & Cía.- para el asentamiento de una base militar y centro clandestino de detención y torturas que funcionó allí.
Para los magistrados, los acusados también colaboraron con la operación logística al dar los permisos y autorizaciones para que las fuerzas militares circularan y ejercieran el control total del predio y sus caminos internos; al aportar vehículos de propiedad de la empresa al personal militar para el desarrollo de tareas de represión clandestina; y al entregar información general y calificada sobre obreros y empleados del ingenio y sus familias a fin de lograr su identificación y que se ejercieran contra ellos acciones de persecución y represión ilegales.
El casco histórico del ingenio fue vendido por los imputados en 2016 pero mantuvieron para sí miles de hectáreas que comprenden el bien inmueble. Las dimensiones del ingenio superan ampliamente las de la ciudad más cercana, Famaillá.
Asimismo, se solicitó el embargo preventivo de cuatro paquetes accionarios y sus rentas, de propiedad de Jorge Alberto Figueroa Minetti. El tribunal hizo lugar a lo solicitado y dispuso el embargo preventivo del bien inmueble utilizado para cometer el delito y de los paquetes accionarios mencionados. La efectivización de los embargos de los paquetes accionarios de cuatro empresas fue delegada en el MPF y realizada bajo la anotación respectiva en los libros de registro de acciones de las sociedades ubicadas en tres jurisdicciones diferentes (Tucumán, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
El caso
La causa se inició como actuación complementaria en el marco de la megacausa “Operativo Independencia”. El 13 de mayo de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán resolvió declarar que durante la vigencia de dicho operativo funcionó un centro clandestino de detención en la base militar sede de la fuerza de tareas “Rayo”, ubicada en predios del Ingenio La Fronterita, y tener por acreditada la comisión de delitos de lesa humanidad en el lugar.
Los dueños del predio, Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José Martínez Minetti y Fernando Cornú de Olmos fueron procesados por haber participado en los delitos mencionados, cuyos autores materiales serían miembros de la mencionada fuerza de tareas. También se los acusó de haber formado parte de una asociación ilícita.
Los hechos que se les atribuyen tuvieron por víctimas a 68 personas vinculadas con el Sindicato de Obreros de Fábrica y Surco del “Ingenio La Fronterita” y/o habitantes del predio en sus instalaciones o en los poblados circundantes, y fueron calificados provisoriamente como crímenes contra la humanidad por haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil durante la última dictadura.
La imputación se basa en los aportes brindados por los imputados en su calidad de mandatarios, miembros o administradores de la empresa José Minetti & Cía, titular registral del Ingenio La Fronterita, que consistieron en haber cedido las instalaciones y locaciones para el asentamiento de una base militar y centro clandestino que funcionó en ella.
