Elevan daño moral a madre por el asesinato de sus hijos a manos del padre

La Provincia de Córdoba fue responsabilizada del hecho, por no actuar de manera efectiva, pese a las denuncias por violencia de género que presentó la mujer

Al confirmar el cálculo de la indemnización por la pérdida de chance que implicó que la madre no pudiera llegar a tener ayuda de sus descendientes cuando llegue a la edad de jubilarse, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba aumentó a un millón de pesos el resarcimiento por daño moral que le causó el asesinato de sus cuatro hijos a manos del padre (ex policía, quien tras el hecho se suicidó), condenando por ese pago a la Provincia de Córdoba al ser responsable de no cumplir debidamente su servicio ante las denuncias por violencia de género presentadas por la accionante.

La mujer se agravió en virtud de que la sentencia impugnada tomó como parámetro indemnizatorio la edad entre 60 y 72 años, sin dar fundamento alguno, considerando que lo correcto resulta aplicar la edad comprendida entre los 40 y 80 años. Asimismo, la recurrente consideró erróneo que al porcentaje de ayuda por cada hijo, equivalente a cinco por ciento, se le aplicara una reducción de 50%.

Eventualidad

El tribunal integrado por los vocales Gabriela Lorena Eslava y Jorge Arrambide analizó que lo pretendido por la actora se configura como una eventualidad representada por la expectativa de sostén, apoyo y colaboración ante los problemas que se le puedan representar, indemnizándose la probabilidad de la pérdida de oportunidad de que, en el futuro, la madre hubiere contado con ayuda económica por parte de sus cuatro hijos; es decir, se indemniza la chance misma.

En ese orden de ideas, la cámara sostuvo que correspondía confirmar la argumentación del a quo, respecto de que en orden a lo probable y en ausencia de acreditación precisa, resulta razonable tomar la edad jubilatoria inicial (60 años) hasta los 72 años, pues no encontrando fundamento para requerir el resarcimiento desde los 40 hasta los 80 años.

Al respecto, la alzada argumentó que debe tenerse en cuenta la corta edad de los hijos al momento de su fallecimiento. Es decir, teniendo en cuenta que al momento de sus muertes los hijos contaban con 14 años -la mayor- y seis -el menor-, no puede pretender que seis años después (la actora tenía 34 años al momento del hecho) la colaboración sea desde los 40 años.

Pericia

De igual modo, el tribunal sostuvo que, según la pericia psiquiátrica, la accionante manifestó ser empleada de la Municipalidad de Córdoba, lo que desvirtuaría la necesidad de ayuda económica por estar incapacitada para realizar tarea laboral alguna, como señalaba la recurrente, remarcando que la pericia no determina detalladamente cómo la disminución psiquiátrica dictaminada vaya a producir de manera certera una disminución de sus ingresos.

En el fallo se resolvió rechazar la crítica del período que toma el a quo para la cuantificación (60 hasta los 72 años), sin justificar debidamente porqué la mujer entendía correcto demandar ese cálculo de los 40 a los 80 años, un planteo totalmente alejado de los parámetros de improductividad laboral para procurar valores económicos para su subsistencia.

En cuanto al descuento de 50% sobre los montos obtenidos, el tribunal opinó de igual forma, explicando que -por tratarse de una chance y no de un verdadero lucro cesante- resultaba infundado el argumento que postulaba la peticionante. El fallo añadió que, al tratarse de una serie de imponderables que son de muy difícil pronóstico, el sentenciante, con buen criterio, lo estableció en 50% del monto total.

Cuantificación

Finalmente, la cámara analizó el agravio referido a la cuantificación de daño moral en $500.000, advirtiendo que lució evidente el grave perjuicio a la integridad personal y las afecciones espirituales legítimas de una madre provocado por el asesinato múltiple de sus hijos, del que derivara la extinción de su progenie, cometido por el propio padre e imputable a las omisiones del Estado.

Así las cosas, la cámara concluyó que, en el caso concreto, el sufrimiento adquiere una magnitud superior, debido a la suma de factores que influyeron en la muerte de sus cuatro hijos; esto es, el asesinato de los niños en manos de su padre, el método cruel, la omisión del Estado y la extinción de su descendencia múltiple.

Por lo expuesto, el tribunal estimó que la suma de un millón de pesos -a la fecha del hecho, el 14 de febrero de 2006- resulta razonable atento a los placeres compensatorios que permite adquirir, sin perjuicio de lo inconmensurable del daño bajo análisis.