ESCUCHARLuego de un año de trabajo, se sistematizó una guía que aborda la solución a los requerimientos que realizan los internos. Algunos de ellos son la tramitación y actualización de DNI y la gestión para garantizar el contacto de los detenidos con sus hijos
Por Silvina [email protected]
La Unidad de la Defensa Pública de Ejecución Penal elaboró un Protocolo de Actuación que fue aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba con el objetivo de sistematizar y dar una respuesta eficiente a los diversos problemas que tienen los detenidos en las cárceles de Córdoba.
El protocolo surgió después de un año de trabajo de la Unidad de la Defensa Pública, que hoy se encuentra emplazada en la cárcel de Bouwer. De la experiencia recabada surgió que, en el caso de las mujeres, los mayores inconvenientes están vinculados con inconvenientes en el vínculo con familiares.
En muchos casos, la internas no reciben la visita de sus hijos. En ocasiones, simplemente por cuestiones de orden administrativo -los niños no cuentan con un documento nacional de identidad, por ejemplo- y por ese motivo no pueden ingresar a visitarlas a las unidades penitenciarias.
En ese contexto, los asesores letrados comenzaron a trabajar en un protocolo. ¿Qué hacer con los internos que no tienen documento de identidad o no lo tienen actualizado? ¿Qué hacer con aquellos niños que están indocumentados? ¿Al cuidado de quién están? ¿Cómo ayudar a un interno que quiere divorciarse? Las respuestas a algunos de estos interrogantes forman parte de esta guía de actuación que contiene 53 páginas.
Contacto con la familia
La Unidad de la Defensa estableció, por ejemplo, la posibilidad comunicarse telefónicamente o citar a los familiares y allegados de la persona privada de su libertad para profundizar y actualizar datos familiares, asesorar respecto gestiones que desarrollará la unidad en el caso concreto, facilitar el acercamiento de documentación requerida para distintos trámites, brindar información y derivar a otras dependencias públicas para el acceso a diferentes recursos.
También se prevé la realización de entrevistas en el domicilio de los familiares en caso de no contar con teléfonos de contacto de la familia de la persona privada de su libertad asistida.
En el caso de los internos que carecen de DNI o éste no se encuentra actualizado, la Unidad de la Defensa estipula que se solicitará al Servicio Social del establecimiento en el que se encuentra alojada la persona la incorporación de la o el entrevistado al listado que periódicamente confecciona dicha área, a los efectos de derivar la atención al Registro Civil móvil que, de manera esporádica, lleva a cabo operativos en los diversos establecimientos.
Falta de contacto con los hijos
La guía aborda también los pasos a seguir en caso de advertir que el detenido o detenida no recibe visitas de sus hijos en virtud de la existencia de una restricción de ingreso impuesta por la Dirección del Establecimiento Penitenciario. Para estas situaciones se prevé derivarse la solicitud de revisión de la medida al asesor letrado correspondiente.
Asimismo, habida cuenta de que en muchas situaciones la falta de contacto de los detenidos con sus hijos se debe a que el progenitor o progenitora está ausente o deniega autorización para ingresar al establecimiento para las visitas, el protocolo estipula la derivación del cas a la asesoría letrada con competencia en familia.
En números – (Datos vertidos por el Centro de Estudio y Proyectos Judiciales del Poder Judicial)
– En un año, la Unidad de la Defensa Pública, que funciona en Bouwer,
asistió a 229 personas privadas de su
libertad: 112 mujeres y 117 varones.
– Durante ese período, los internos realizaron 2.267 requerimientos a los integrantes de la Unidad de la Defensa Pública, esto es, un promedio de 9,9 por cada persona atendida.
– El equipo de trabajo llevó a cabo 628 acciones concretas para responder esos pedidos, esto es, un promedio de 2,7 por persona que haya presentado
algún requerimiento.
– 43% de los internos manifestó tener entre uno y tres hijos; el 32% entre cuatro y seis hijos; y el 11% más de siete hijos.
