El TSJ cordobés convalidó otra manera de calcular los créditos laborales

Para el Máximo Tribunal, la resolución de primera instancia no contradice los antecedentes de éste. El magistrado respetó la fórmula y aplicó una solución “tendiente a compensar una merma indemnizatoria significativa conducente a la inequidad”, expresó el fallo

La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó un recurso de casación que interpuso la aseguradora Federación Patronal, que se quejó por la fórmula con que se calculó una indemnización por incapacidad laboral .

Al interponer el recurso, la empresa rechazó la metodología establecida para la cuantificación de la prestación dineraria prevista en el artículo 14, inciso 2, de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).

Para Federación Patronal, la Sala Primera de la Cámara Única del Trabajo, constituida en tribunal unipersonal por el juez Ricardo A. Giletta, actualizó el componente salarial apartándose de las previsiones de la ley 23928 . Esto constituyó, según la empresa, una inobservancia de lo establecido en el artículo 12 de la LRT y, en consecuencia, de lo previsto en el artículo 14 ib . Adujo que las estimaciones económicas tenidas en cuenta para la percepción de las alícuotas del contrato de afiliación se efectuaron sobre las pautas de la LRT, por lo que “el cambio de condiciones afectó su derecho de propiedad y atentó contra la seguridad jurídica ”.

Refirió además que el juez, al apartarse de las pautas en materia de intereses adoptada por el TSJ (S 39/2002 “Hernández…”), afectó su derecho a la igualdad ante la ley , ya que obtuvo una solución distinta a la que habría tenido si hubiese resultado competente otro tribunal. Asimismo, al tratarse de un aspecto que no fue peticionado por la parte actora, implicó una afectación del principio de coherencia.

Argumentó también que el porcentaje en el que fijó la tasa de interés, esto es, 15% anual, resultó injustificado .

Al analizar la cuestión, l os vocales Luis Angulo, Mercedes Blanc de Arabel y Luis Rubio sostuvieron que la actualización aplicada por el magistrado fue debidamente justificada y no se contradijo con el criterio aplicado por el Alto Cuerpo .

Éste explicó que el magistrado, a efectos de determinar el componente salarial de la fórmula, empleó un mecanismo de ajuste que consistió en tomar el haber correspondiente a la categoría inicial del convenio colectivo de trabajo (CCT) 260/75 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) para la rama automotriz, vigente a abril de 2019 -fecha de la sentencia-, a cuyo resultado le adicionó un interés de 15% anual, desde la mora y hasta el dictado del auto liquidatorio, y de allí en más y hasta su pago una tasa de 2% mensual más la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“El a quo, al constatar que el procedimiento del artículo 12 ib. había dejado de satisfacer el objeto reparador pretendido por el sistema, buscó otro tendiente a restablecer el equilibrio de las prestaciones. Mecanismo que respetó la estructura de la fórmula y que, además, fue profusamente justificado”, puntualizó el Alto Cuerpo.

Agregaron los vocales que lo resuelto “no contradice antecedentes de esta Sala, en los que se convalidaron o, en su caso, aplicaron soluciones tendientes a compensar una merma indemnizatoria significativa conducente a la inequidad ”.

En orden a los intereses determinados, los vocales sostuvieron que tampoco se advierte una afectación del principio de coherencia ni tampoco en l os intereses aplicados.

“El recurrente no explica de qué modo lo agravia la elección del a quo, cuando lo que pretende implica un porcentaje de 24% anual más la tasa pasiva promedio que publica el BCRA. Por lo expuesto, corresponde declarar formalmente inadmisible el recurso de que se trata”, concluyó el Alto Cuerpo cordobés.

Reclamos

Cabe recordar que semanas atrás e l Círculo de Abogadas y Abogados Laboralistas (CAAL) y el Colegio de Abogados de Córdoba plantearon al Tribunal Superior de Justicia su preocupación por la pérdida de valor que sufren los créditos laborales a raíz del fuerte proceso inflacionario que vive el país . En tal sentido, pidieron modificar “la mecánica de actualización de los créditos laborales reconocidos judicialmente” y requirieron “ la revisión de las pautas fijadas en el fallo “Hernández c/ Matricería Austral”, y que se disponga “una actualización de los créditos laborales conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con más una tasa de interés moratorio que compense la imposibilidad de acceder a ellos, estimando adecuada la aplicación de un 15% anual”.

El TSJ cordobés convalidó otra manera de calcular los créditos laborales

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