El TSJ cesanteó a un ayudante fiscal acusado de violencia laboral y de género

El Alto Cuerpo comprobó que el funcionario se dirigía de manera impropia y denigrante a sus subalternos. También, que tenía en su oficina armas que nunca fueron enviadas a la Policía Judicial

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) difundió los fundamentos de la acordada mediante la cual resolvió la cesantía del ayudante fiscal Ernesto Morales, denunciado por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) de Córdoba por violencia laboral y de género. [privado]

El Alto Cuerpo dio por acreditado que Morales, quien se desempeñaba en la Unidad Judicial N° 21, llevó adelante prácticas de violencia y acoso, en la mayoría de los casos por razones de género. Asimismo, destacó que su trato hacia los empleados fue “abusivo, impropio, irrespetuoso y carente de la consideración debida hacia sus subalternos”.

Según los testimonios recabados, constituía una práctica habitual que el funcionario judicial utilizara apodos o frases denigrantes para referirse a las empleadas de la unidad judicial, e incluso llegó “a tomarlas de la cintura o meter su mano por debajo de la remera de alguna de ellas”.

“Ese accionar se inscribe claramente en un escenario de violencia contra la mujer e importa un prístino atropello a la protección que proporciona la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (Cedaw) y la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra la mujer (Convención de Belém do Pará), cuyas normas y previsiones tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN)”, subrayó el Alto Cuerpo. Éste advirtió de que dicho comportamiento se torna “aún más gravoso al provenir de un funcionario judicial a quien el Estado confió un rol de importancia para el cumplimiento de sus fines, debiendo -como autoridad de la Unidad Judicial- respetar y garantizar a sus subordinados el pleno ejercicio del derecho a trabajar en un ámbito libre de violencia”.

Armas secuestradas

Morales también fue acusado de no haber generado ni asignado oportunamente los números de RUA (Registro Único de Armas de Fuego Secuestradas en Causas Judiciales y Contravencionales) correspondientes a distintas armas de fuego y réplicas secuestradas en el marco de diversas actuaciones tramitadas por ante la Unidad Judicial 21 a su cargo, de las que restaba cumplimentar medidas investigativas.

Según surge de la investigación, el ayudante fiscal no remitió esos elementos a la Dirección General de Policía Judicial para la realización de los peritajes técnicos pertinentes, para ser luego enviados al Depósito Judicial con el objeto de asegurar la cadena de custodia y conservación de su integridad, de modo de garantizar su presencia con finalidad probatoria en el proceso.

Las armas fueron encontradas en un armario de chapa -sin medidas de seguridad- en el despacho de Morales, en una caja de cartón sin tapa, junto a elementos de limpieza y varios paquetes de bolsas de residuos.

También se lo acusó pero no se lo encontró responsable de haberse retirado injustificadamente, sin autorización y en varias ocasiones, de su lugar de trabajo -presumiblemente para almorzar en casa de su madre- en el horario en que debía prestar funciones, retornando en algunas oportunidades sólo a efectos de registrar su marcación de salida y retirarse.

Al resolver la cesantía de Morales, el TSJ reflexionó: “Esta Administración no se cimienta sólo en la concreta actividad judicial o técnica propia de los cometidos específicos de los funcionarios o empleados, sino también en el correcto obrar de sus integrantes, el cual trasciende del ámbito funcional y debe ser acorde a los principios éticos que la sociedad exige”. [/privado]