El Tribunal Constitucional español rechazó hoy un recurso presentado en 2010 por el conservador Partido Popular (PP) contra la ley que legalizó el aborto ese mismo año, una decisión que se da poco después de que la corte pasara a tener una mayoría progresista.
«El pleno del Tribunal Constitucional desestima por mayoría el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra la ley del aborto», informó en un comunicado el órgano, responsable de verificar la conformidad de la legislación con la Carta Magna.
El alto tribunal deberá redactar ahora un nuevo proyecto de sentencia que dará un completo respaldo a la normativa sobre interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y desestimará íntegramente los reclamos del PP contra el sistema de plazos, reportó el diario El País.
La demanda había sido introducida por la formación de derecha en junio de 2010, un mes antes de que entrase en vigor la ley que autoriza la IVE hasta las 14 semanas para todas las mujeres y hasta las 22 para los casos de malformación fetal. Sin embargo, la corte no había estudiado el expediente hasta ahora.
El tratamiento judicial se dio luego que en diciembre se solventara una crisis institucional por la renovación de cuatro jueces del Constitucional que tenían su mandato expirado, lo que provocó un duro enfrentamiento entre el Gobierno del socialista Pedro Sánchez y la oposición de derecha.
Finalmente, la corte aceptó el nombramiento de dos miembros designados por el gobierno y dos por el Consejo General del Poder Judicial, lo que supuso el cambio de la mayoría conservadora del tribunal por una progresista.
En enero, el Constitucional eligió como su nuevo presidente a un jurista próximo al Ejecutivo, que priorizó el debate del recurso de la derecha contra la ley del aborto.
España, referente en materia de derechos de las mujeres en Europa, había despenalizado la IVE en 1985 y la legalizó con la ley del 2010, en ambas ocasiones durante gobiernos socialistas.
El gobierno de Sánchez promovió reformas legales para reforzar el derecho al aborto, como por ejemplo impedir el acoso de activistas antiaborto frente a clínicas que realizan las intervenciones.
Asimismo, pretende blindar el acceso a la IVE en hospitales públicos y permitir a menores de 16 años a abortar sin autorización de los padres en un proyecto legislativo, que recibió ayer la luz verde del Senado y debe ser validado definitivamente por la Cámara baja en las próximas semanas.
En enero, el aborto fue centro de una polémica en el país por una iniciativa de la fuerza de extrema derecha Vox en la norteña región de Castilla y León, donde gobierna junto al PP, que buscaba obligar a los médicos a proponer a las mujeres que quisieran abortar «escuchar el latido de su hijo» y ver «un video» del feto, algo que finalmente fue desestimado.
La controversia se dio a meses de las elecciones generales de fin de año, donde según las encuestas ganaría el PP, aunque podría necesitar el apoyo de la extrema derecha para gobernar.
