“El trabajo no registrado es un grave mal para el país”

Julio Grisolía,  titular del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 66, autor de más de diez obras en la especialidad, advierte que los tribunales laborales están colapsados y que la mitad de los pleitos es por empleo en negro. En Capital Federal ingresan 100 causas por mes, por juzgado.

Julio Grisolía lleva más de 30 años en la Justicia del Trabajo y ya cumplió 20 años como juez. Sus publicaciones alcanzan los 200 mil ejemplares, y es autor y coautor de más de 10 libros.

Largamente reconocido por sus pares y de visita en Córdoba, Comercio y Justicia dialogó con el distinguido jurista.

-¿Qué evaluación hace respecto de la legislación argentina en materia de trabajo?
-En materia de legislación laboral, Argentina está bien. Tiene normas protectorias, se ha logrado modificar en los últimos años las normas flexibilizadoras de la década del ‘90. Sin embargo, por más que haya normas protectorias, muchas veces no se materializan en la práctica por la situación social que hace que los trabajadores acepten condiciones de no cumplimiento de la ley para mantener su puesto de trabajo.

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-Hablemos del trabajo no registrado en Argentina.
-Argentina tiene el récord de trabajo no registrado: 33%. Es un número muy grande de trabajo informal. Más de la mitad de los juicios laborales son por trabajo no registrado. Tenemos cuatro millones de trabajadores no registrados que en algún momento recurren a la Justicia. Evidentemente el trabajo en negro es un grave mal para el país: para el trabajador, porque no tiene obra social ni él ni su familia, ni tiene acceso al crédito; para el propio empleador, porque le genera una competencia desleal en cuanto a costos; y para el Estado, porque significa una evasión fiscal y previsional de 50 por ciento de un salario promedio de $5000, por ejemplo. Una barbaridad.

-Desde la Justicia del trabajo, ¿qué pueden hacer?
-Desde la Justicia tenemos que cumplir con la normativa laboral, sancionando -por un lado- a las empresas, y aún cuando los trabajadores no cumplan con los requisitos de la ley 24013, igualmente sancionar a las empresas. No hay que olvidar que el legislador lo que busca es que se castigue el trabajo no registrado, haya o no cumplimiento de las formalidades por parte del trabajador.

-Pero la mora en los tribunales es mucha…
-Éste es un tema central, un gravísimo problema que tiene la Justicia del trabajo de todo el país. Los juzgados de Capital Federal están en su peor momento de la historia, con un ingreso de más de 100 causas por mes, por juzgado, que ha hecho que estén desbordados. Creo que en Capital Federal el problema es esencialmente la competencia territorial, que hace que todos los juicios por accidentes de trabajo -por las ART tener domicilio en la ciudad de Buenos Aires- vayan a Buenos Aires. A esto hay que sumar el problema de la tasa de interés que en la provincia de Buenos Aires es muy baja, de 11% anual, y en Capital de 37%. Entonces, el que puede optar por la competencia lo hace por la ciudad de Buenos Aires. Esta situación lleva a que un juicio laboral pueda durar cuatro años, lo que se traduce en una denegación de Justicia, ya que un trabajador necesita juntarse con su dinero de forma inmediata.

-¿Y qué se hace con ese colapso?
-Hay que luchar para agilizar los tiempos procesales y hacer lugar a medidas cautelares para asegurar el crédito del trabajador, porque el otro gran problema es que se dicta sentencia y cuando se tiene que ejecutar nadie paga; el empleador dice ser insolvente. Esto hay que corregirlo de alguna manera. Si entran muchos expedientes, la única forma es resolver más -lo que es casi imposible-, o bien la otra alternativa es que ingresen menos. Para ello habría que poner una instancia previa de mediación.

-¿Cómo se evita el trabajo en negro?
-La legislación existe. Lo que pasa es que la misma situación social impide que el trabajo no registrado se reduzca porque en realidad si bien las normas están y hay programas para luchar contra el trabajo no registrado, falta una fiscalización adecuada que permita reducirlo. Y la gran pregunta es: ¿si existiese esa fiscalización exhaustiva, hay riesgo de que se transforme en desempleo en lugar de trabajo registrado? Digo esto porque el trabajo no registrado está en las pymes, es decir en empresas con menos de 40 trabajadores y, básicamente, en empresas con menos de cinco trabajadores.

-¿Reducir las cargas fiscales podría ser una solución para las pymes?
-Habría que hacer una legislación que favorezca a las empresas con menos de cinco trabajadores pero sin perjudicar los derechos del trabajador, y reduciendo las contribuciones sin perjudicar el sistema de seguridad social. Hoy las pymes o empresas con menos de cinco trabajadores aunque quieran cumplir con la legislación laboral no pueden porque es muy costoso.

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