ESCUCHARUn comunicado del Parlamento indicó que las mandas buscan darles herramientas a los fiscales, para “ordenar el procedimiento” de los imputados durante el régimen de excepción que rige en el país
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó disposiciones transitorias especiales para que se lleven a cabo juicios grupales a los presuntos pandilleros apresados durante el régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022, que, entre otras previsiones, extiende el plazo máximo de detención provisional de 72 horas a 15 días.
Un comunicado del Parlamento salvadoreño indicó que las mandas buscan darles herramientas a los fiscales para “ordenar el procedimiento” de los imputados.
El documento señala que la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá la facultad de llevar a cabo “procedimientos transicionales”, que incluyen la posibilidad de agrupar a los encausados “por estructura delictiva”, lo que, según postuló, permitirá agilizar los expedientes.
Precisó que los criterios que los agentes deberán aplicar son “denominación, funcionamiento, territorio u otros que resulten aplicables”, y de acuerdo con los “elementos indiciarios” que tengan.
Los legisladores que respaldaron la medida destacaron que el proceso penal actual lleva más de cinco etapas y que con las disposiciones especiales se busca hacerlo más simple y breve, ya que se establece un plazo máximo de 24 meses para las investigaciones.
Según detalló recientemente el fiscal general Rodolfo Delgado, a la fecha 71.976 presuntos pandilleros fueron capturados.
La totalidad se las detenciones se concretó durante el régimen de excepción, que fue prorrogado por decimosexta ocasión el pasado 11 de julio.
Cabecillas
La Asamblea Legislativa también le dio luz verde a reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, pese a que recibieron varias observaciones por parte de la presidencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Así, se modificaron las penas carcelarias para los cabecillas de los grupos criminales.
Actualmente, la normativa establece condenas máximas de hasta 45 años para los jefes, pero la propuesta las eleva hasta 60.
Libertades
El Legislativo sigue habilitando al Gobierno de Nayib Bukele para mantener en pausa libertades y garantías y desplegar militares en las calles.
La ONU y organismos humanitarios como Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertaron sobre “evidencias graves” de abusos a los DDHH, pero la Administración de Bukele ignora las críticas y defiende en estado de excepción por la merma en los homicidios.
Honduras
También en junio, emulando el modelo salvadoreño, la presidente de Honduras, Xiomara Castro, adelantó “medidas drásticas” para luchar contra la violencia de las pandillas.
Castro y su Gobierno se vieron superados por el accionar de esas bandas, que controlan amplios territorios del país.
La Policía Militar publicó imágenes que muestran a centenares de hombres arrestados y obligados a permanecer en ropa interior mientras son custodiados por oficiales, un paso que se promocionó como conducente para recuperar el control de las cárceles.
La ofensiva se difundió tras un sangriento fin de semana que dejó más de 20 muertos en un país que cada mañana despierta con noticias terribles de asesinatos y violencia.
Los nuevos hechos se registraron apenas cinco días después de que 46 reclusas fallecieron en una cárcel de mujeres, en una reyerta entre integrantes de bandas criminales rivales.
Por lo sucedido, Castro puso en marcha una operación que incluyó allanamientos, capturas y retenes.
Héctor Zelaya, hijo y secretario privado de la jefa de Estado, afirmó que las decisiones eran “contundentes para poner fin a los remanentes de la narcodictadura” y las definió como “esfuerzos con base sólida para vencer el terrorismo y la criminalidad”.
Organismos de derechos humanos criticaron el nuevo curso de acción del gobierno de Castro.
Erika Guevara Rosas, directora para América de Amnistía Internacional, lo describió como un “despliegue bukelista de populismo punitivo” y opinó que la administración de Castro “replica políticas fallidas de seguridad que solo profundizan un contexto de crisis de derechos humanos”.
