Los diputados nacionales Sabrina Ajmechet y Damián Arabia (PRO) presentaron una iniciativa para que el juicio político a la Corte se declare inválido y nulo.
Sostuvieron que “fue un circo que comenzó el kirchnerismo el verano pasado y se extendió durante todo el año buscando algún rédito electoral”.
En la misma línea, dijeron que “se lesionaron garantías constitucionales” y que “se faltó al reglamento en la Cámara Baja”.
A través de un proyecto de declaración, reclamaron que cese lo que definieron como una “persecución política”.
“La totalidad del proceso de juicio político impulsado durante 2023 por el bloque del Frente de Todos de esta Cámara de Diputados y por orden del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, estuvo teñido de reiteradas irregularidades, siendo guiado por intereses meramente partidarios”, plantearon.
Con el respaldo de sus pares Cristian Ritondo, Alejandro Finocchiaro, Martín Maquieyra, Martín Yeza, Hernán Lombardi y Laura Rodríguez Machado, entre otros, alegaron que el proceso buscó presionar a los magistrados “enjuiciándolos por el contenido de sus sentencias”.
Bajo esa premisa, destacaron que no hubo razones para iniciar aquel procedimiento excepcional y que no existían motivos suficientes para que Diputados acusaran ante el Senado a los supremos.
Cabe recordar que el 7 de noviembre pasado, en medio del proceso electoral, el oficialismo levantó la reunión de la Comisión de Juicio Político. Lo hizo horas después de la difusión de una investigación que involucra a Rodolfo Tailhade, figura clave en el impulso de la embestida contra la Corte.
El día anterior, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con una serie de indagatorios, allanamientos y pericias en la causa de espionaje sobre magistrados; entre ellos, los miembros del máximo tribunal.
Pollicita pidió que se ampliara la indagatoria al espía detenido Ariel Zanchetta, quien según una pericia informática tenía contacto asiduo con Tailhade.
Además, el informe de la pericia determinó que el encausado tenía diálogo con Fabián “Conu” Rodríguez, ahora ex subdirector general de Servicio Al Contribuyente de la AFIP.
En Córdoba, Martín Llaryora expresó en X (Twitter) que ratificaba “la defensa absoluta del federalismo y la institucionalidad” y rechazó el juicio político.
Una semana antes, en la misma red social, el gobernador saliente Juan Schiaretti le apuntó al kirchnerismo y a su candidato presidencial. “Una vez más, quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa”, escribió.
Sesión
En la última sesión de la Comisión de Juicio Político, el 28 de noviembre, a sólo 12 días que empezara el nuevo gobierno y cambiara la composición de la Cámara de Diputados, el kirchnerismo impuso con 16 votos la aprobación del dictamen de mayoría que acusó por supuesto mal desempeño a los cuatro supremos.
De las 14 causales investigadas para acusar a los jueces finalmente quedaron en pie solo cuatro: el fallo por la coparticipación a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la sentencia que definió la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación; la resolución de 2017 que avaló el cómputo del 2×1 para los delitos de lesa humanidad y el caso por presuntas irregularidades en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.