El primer juicio por los fraudes en el Registro ingresa a la recta final

La Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba escuchará a partir de mañana la lectura de los alegatos del primer juicio que se sigue por los fraudes cometidos en el Registro General de la Propiedad.
Se estima que esta etapa del debate podría extenderse al menos dos días, teniendo en cuenta que, además del Ministerio Público, deberán hacer uso de la palabra los abogados a cargo de la defensa de los cinco imputados y el querellante, contratado por la Provincia. En representación de la Fiscalía, alegarán Pablo Sironi y los subrogantes Enrique Gavier y Pablo Moyano, quienes además, fueron los encargados de la instrucción de esta megacausa.
Los delitos ventilados en el juicio oral se refieren a maniobras irregulares detectadas en el Registro de la Provincia, en las que habrían participado dos ex empleados de ese organismo: Daniel Osvaldo Cerdá y su esposa, Silvia Alejandra Barrera; la hija de éstos, Natalia Azucena Cerdá, y Victorio Benjamín Barrera, padre de la esposa de Cerdá. También está imputado Edgar Gabriel Aguirre Pereyra, militar en actividad, acusado de inscribir a su nombre una propiedad de Villa Carlos Paz utilizando una escritura apócrifa.

Participación

Cerdá y su hija Natalia fueron los únicos acusados que en el transcurso del debate oral admitieron su responsabilidad y se declararon culpables. En el caso de la joven, acusada de falsificar documentación pública, declaró que lo hizo presionada por su padre y desconociendo que con su accionar pudiera incurrir en algún delito. En la última audiencia testimonial declaró el propio Cerdá, quien se autoincriminó en 35 hechos de falsificación.
La participación de Silvia Barrera fue reconocida por la mujer durante la instrucción y admitida también por su marido, cuando declaró en el juicio oral. Su padre, por su parte, imputado por estafa, está acusado de utilizar una documentación registral falsificada de un campo de 3.000 hectáreas para obtener con su yerno un crédito de la firma comercial Meroli Hogar.

El caso del militar Edgar Gabriel Aguirre Pereyra es diferente. El acusado se declaró inocente, alegando que la escritura apócrifa que le permitió apropiarse como único dueño de un inmueble en Villa Carlos Paz la encontró tras la muerte de su padre. Según explicó al tribunal, la propiedad fue puesta a su nombre por su padre, hoy fallecido, como parte de una distribución de bienes familiar y que desconocía de qué forma se había logrado inscribir la propiedad a su nombre, lo cual luego fue desvirtuado cuando declararon sus propias hermanas.

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