Fernández desató una tormenta política y judicial: la oposición pidió su juicio político

Sus dichos sobre Nisman y Luciani generaron fuerte repudio. El primer mandatario insiste en ignorar la prohibición constitucional y ataca a la Justicia y al MPF por su desempeño en causas en trámite. Su defensa mediática de la principal acusada en “Vialidad”, basada en desacreditar a un poder independiente del Estado, es fustigada por distintos sectores

La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) emitió un nuevo comunicado en respaldo del fiscal federal Diego Luciani.

Lo hizo luego de que el Presidente atacó al acusador en la causa “Vialidad” y a la Justicia, el miércoles por la noche, en una entrevista que le concedió al canal porteño TN para explayarse sobre la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner.

El Presidente respaldó el tenor de las publicaciones de la vice en las redes sociales. “No tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. ¿Quién va a querer ser presidente si se va a tener que hacerse responsable de todo lo que pasa debajo de su gobierno?, arguyó.

También fustigó al Poder Judicial: “Tenemos una Justicia que se parece más a la Justicia de una monarquía que a la Justicia de una democracia”, sentenció. También propaló que “se aplica en favor de poderosos”.

Alberto Fernández citó que como presidente tiene “los mismos derechos que cualquier ciudadano”, incluido el de opinar sobre el juicio “Vialidad”.

Aunque la oposición, grupos que nuclean a jueces y a fiscales y otros sectores reclaman que cese la injerencia del Ejecutivo en aquel expediente y en otros por corrupción en trámite, Alberto Fernández siguió apuntalando la tesis defensiva mediática de la vicepresidente.

La asociación que encabeza el fiscal Rívolo enfatizó que las mandas constitucionales le imponen al Presidente no intervenir en causas en trámite y que la prohibición incluye “críticas, halagos o comentarios”.

Consultado por su afirmación sobre que renunció como jefe de Gabinete por las irregularidades en la concesión de obra pública, aseveró, hablando en plural: “No dudo de la honestidad de Néstor (Kirchner); en todo caso le estamos cuestionando lo mismo, que hacía operaciones inmobiliarias con alguien que estaba vinculado al Estado”.

En el marco de la entrevista ocurrió un inquietante diálogo con el periodista Edgardo Alfano.

Refiriéndose a la medida que tomó Horacio Rosatti para mejorar la custodia de los magistrados que juzgan a Fernández de Kirchner, Alfano expuso: “Siempre está el recuerdo de (Alberto) Nisman. ¿Cómo toma usted que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales?”.

Fernández espetó: “Sí, el tema es… Si alguien está pensando en que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo honestamente le regalaría algunos tratados de derecho penal al fiscal Luciani. Por mucho que grite ‘justicia o corrupción’ dijo un sinfín de disparates jurídicos” y prosiguió: “Realmente alentar la idea (de) que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así”.

La Affun señaló que los dichos de Fernández “poseen un contenido desagradable y temerario”. Recordó que Luciani cumplió la labor que le asigna el artículo 120 de la Constitución Nacional, que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal (MPF), y reiteró que el artículo 109 de la carta magna establece que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

La asociación que encabeza Carlos Rívolo enfatizó que las mandas constitucionales le imponen no intervenir ni a través de críticas ni de halagos ni de comentarios.

Sentido

Consultado por Infobae sobre lo sucedido, Luciani declaró que “es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente” y agregó:“No sé cuál es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje”.

El procurador General interino Eduardo Casal le mandó una carta a Alberto Fernández. Afirmó que sus manifestaciones implican “una clara perturbación” en el ejercicio de las funciones de Luciani y una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad el MPF debe velar.

Con sus explosivas declaraciones en televisión, Alberto Fernández ignoró las inquietudes de los grupos que nuclean a judiciales y confirmó algunos de sus temores

Los fiscales de “Vialidad” tienen un refuerzo de la seguridad desde el comienzo de los alegatos. Cuando la principal acusada intentó recusarlos se sumó custodia. Por ahora, rechazaron que se asignen más efectivos.

El lunes, una vez que Luciani formuló su pedido de condenas en “Viabilidad”, tanto el Presidente como la cuenta oficial de Casa Rosada respaldaron enfáticamente a Fernández de Kirchner.

El jefe de Estado escribió: “Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal (desde) hace más de tres décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta”.

También consideró que ésta es una perseguida.

Luego, la Casa Rosada se manifestó en sentido similar.

“El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta”, posteó.

Además, Presidencia aseguró que “ninguno de los actos” se probó y se solidarizó con la acusada por lo que definió como “búsqueda de proscripción”.

La Affun respondió que las publicaciones son una injerencia en el sistema de Justicia y en el desempeño del MPF.

En esa línea, recordó que a partir del 5 de septiembre alegarán los letrados de los acusados, en el juicio, y que ése es el lugar indicado por la ley para que ese hecho se produzca.

Terminó su comunicado exigiendo “la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos”.

El martes, luego de que la acusada se explayó sobre su situación procesal, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) repudió “expresiones perjudiciales para el sistema republicano”.

Destacó que miembros del Ejecutivo y del Legislativo usaron “calificativos inapropiados en el marco de un procedimiento judicial en curso”.

En el escrito firmado por el presidente de la asociación, Marcelo Tagle, también se subrayó que la causa “Vialidad” está “transitando las etapas en las que las partes ejercen sus derechos”.

También el martes, luego del discurso de la ex jefa de Estado -y de una nueva devolución del Presidente, quien opinó que aquél fue “espléndido”- fiscales de América Latina se solidarizaron con Luciani y su colega Sergio Mola.

La Federación Latinoamericana de Fiscales aseguró que la narrativa del Gobierno sobre “Vialidad” tensiona el Estado de derecho, es una injerencia indebida en la tarea judicial y pone en crisis la democracia y la separación de poderes.

Señaló que las resoluciones judiciales “se pueden combatir dentro de los procesos judiciales” y resaltó que es la defensa de Fernández de Kirchner la que debe hacerlo.

Sobre los pronunciamientos del Presidente hasta ese momento, Ronald Segura -titular de la agrupación integrada por fiscales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay- aseveró que no saldrían comunicados así “por un ciudadano común” y que el accionar del Ejecutivo “puede incidir en los jueces que deben firmar un veredicto”

“Es totalmente inadecuado”, añadió.

Asesinados

Segura dijo también que sectores del oficialismo están hablando de movilizaciones y planteó su preocupación por la seguridad personal de los fiscales.

“Ya hay cuatro fiscales asesinados en la región (Paraguay, Ecuador y Honduras) y la persecución a fiscales en Guatemala. Es como tener un retroceso en América Latina, más parecido a épocas dictatoriales sobre el no respeto de la división de poderes y nos preocupa que esto pase en Argentina”, valoró.

La federación subrayó que en varios países de la región en donde se realizaron imputaciones a personas con “alta trascendencia social” o a líderes de organizaciones delictivas “se pretendió atacar las investigaciones desacreditando o amedrentando la persona de los operadores; en especial, a los fiscales”.

“Se observó, en varias oportunidades, que se instaló un indebido hostigamiento mediático e institucional en contra de los fiscales, desacreditándolos o amenazándolos con sumarios administrativos y juicios políticos basados en impugnaciones genéricas y aparentes, que tienen poco pronóstico de éxito en los remedios recursivos propios de un proceso judicial, con el fin de alterar el correcto desarrollo de la función judicial”, advirtió.

En otro tramo del texto que difundió estimó que hay “una aparente intención de contaminar” las pesquisas y de “cercenar las capacidades investigativas”.

“Hemos observado que, en estos días, el Presidente, durante el juicio, después de que los fiscales realizaran su alegato, emitió un comunicado oficial adoptando la condición de parte, antes de la participación de las defensas y desacreditando irregularmente las manifestaciones del MPF”, precisó finalmente el escrito.

Conmoción

Ayer, el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados anunció en conferencia de prensa que presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández , por sus dichos sobre Luciani y la comparación con el fallecido fiscal Nisman.

El titular del bloque de la UCR, Mario Negri, aseguró que las declaraciones del jefe de Estado causaron “gran conmoción” y que son “más propias de un código mafioso que de un presidente”.

A su vez, denunció que el kirchnerismo está intentando llevar los temas judiciales “a la calle” y que eso “genera violencia”.

Por su parte, Cristian Ritondo, titular de la bancada del PRO, dijo: “Creemos que el presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un Poder que debe ser independiente”.

Fernández desató una tormenta política y judicial: la oposición pidió su juicio político

Apoyá el periodismo especializado e independiente

Accedé a todo nuestro contenido

Gabriela Barbás asumió en Salud y prometió realizar “absolutamente todos los protocolos”

Actualizan en 21% el salario mínimo vital y móvil

Deja una respuesta Cancelar la respuesta

Opinión

Los espectros de la actualidad económica

Los SRT de la UNC y la libertad de expresión, en terapia intensiva

Los orígenes de la gendarmería

Leé también

Investigan participación de otra persona en el crimen de Catalina

Loan: jueza encabezó procedimiento en el campo

Lo inhabilitaron como ingeniero pero podrá desempeñarse como docente

Revocan regulación de honorarios a la sindicatura en una verificación tardía

Más populares

Confirman que no se puede condenar con la sola confesión de los coimputados

Derecho de familia: los gastos extraordinarios

El Gobierno de Llaryora sumó presión a los docentes para cerrar la paritaria

Como el matrimonio no le impidió trabajar ni estudiar, rechazan compensar a ex cónyuge

Newsletter

Gestión

Canales

Publicaciones

¡Bienvenid@ de nuevo!

Recuperar contraseña

Tabla de contenidos

Are you sure want to unlock this post?

Are you sure want to cancel subscription?