La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó un informe no vinculante sobre 379 asesinatos atribuidos al grupo terrorista ETA que todavía siguen sin resolverse y para los que se reclama una investigación permanente hasta que se pueda ofrecer a los familiares de las víctimas el esclarecimiento de los hechos.
El texto fue refrendado con 27 votos a favor (de los grupos popular, socialista, liberal, ultraconservador y euroescépticos). La izquierda se pronunció en contra y los verdes se abstuvieron. Aboga por “sugerir a las instituciones competentes que agoten las posibilidades interpretativas del Derecho Penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA como crímenes contra la humanidad”.
La calificación excluiría los delitos del período de prescripción (20 años) o de posibles amnistías a sus autores.
La presidente de la comisión, la eurodiputada popular Dolors Montserrat, dijo que el apoyo del Parlamento Europeo a las víctimas es un hecho histórico y celebró lo que definió como “dureza contra los verdugos”.
Por su parte, la eurodiputada liberal Maite Pagazaurtundúa afirmó que el informe supone “una reparación simbólica” pero planteó que “hace falta ir más allá”.
La mayoría de los atentados por esclarecer se cometió entre 1978 y 1987, un período de alta actividad de ETA, que perpetró ataques casi a diario.
Los socialistas intentaron eliminar del documento la propuesta de calificar de ese modo los delitos cometidos antes de 2004, por entender que no se puede aplicar con retroactividad una figura que fue incorporada al Código Penal español en 2003. “Entendemos perfectamente la reivindicación de las víctimas en este sentido, pero es necesario que promovamos el respeto de la legalidad”, dijo la eurodiputada Cristina Maestre.
El documento surgió luego de una petición formulada en 2016 por Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de la asociación Dignidad y Justicia, quien denunció ante la comisión parlamentaria el presunto incumplimiento de España de su obligación de realizar una investigación eficaz en el caso de 379 crímenes de ETA, por lo que, según el peticionario, ni se ha procesado a sus autores ni se ha indemnizado a las familias de las víctimas.
En octubre de 2021, la Mesa del Parlamento Europeo autorizó a la comisión de peticiones una visita a España (que se produjo del 3 al 5 de noviembre de ese año) para recabar información de las autoridades hispanas, de los peticionantes y de las víctimas del terrorismo.
El informe final de la Comisión de Peticiones señala que “España es el Estado que ha resuelto el mayor número de atentados terroristas”, pero constata que, aun así, aproximadamente 44% de los crímenes perpetrados por ETA sigue sin sentencia judicial.
Por ello, recomienda crear una comisión de juristas encargada de elaborar un informe detallado sobre cada uno de los expedientes de las víctimas cuyos casos aún no se resolvieron y sugiere que se modifique la legislación española para supeditar los beneficios penitenciarios a la colaboración de los terroristas condenados en la investigación de atentados de los que puedan tener información.
También pide que “se evite el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo”.
