ESCUCHARA 23 años del atentado contra la mutual israelita amia,la DAIA reclamó que avance el proyecto de ley que presentaron parlamentarios de todo el arco político. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, confirmó que el Gobierno impulsará la ley
Luego de que el lunes la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) reclamó que se legisle el juicio en ausencia, que permitiría juzgar a los imputados iraníes por el ataque a la AMIA, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que el Poder Ejecutivo «está trabajando con el Senado” para que sancione una ley al respecto.
Las declaraciones del funcionario coinciden con los dichos de Ariel Cohen, presidente de la DAIA, en la víspera de la conmemoración del 23º aniversario del ataque, ocurrido el 18 de julio de 1994.
En ese acto, Cohen señaló que los miembros de la entidad que representa mantuvieron reuniones “con diferentes protagonistas” del arco político y sostuvo que hay acuerdo entre senadores y diputados para “seguir adelante con el juicio en ausencia”.
Desde que llegaron al Gobierno, tanto el presidente Mauricio Macri como sus funcionarios sostienen que aquella figura es una herramienta válida para esclarecer el atentado. A principios de año, senadores del oficialismo y de la oposición adelantaron que presentarían un proyecto de ley para incorporarla al sistema judicial y, en junio, con el apoyo del titular de la Unidad Especial de Investigación AMIA, Mario Cimadevilla, legisladores de Cambiemos, del peronismo, del massismo y de la Coalición Cívica firmaron la propuesta, con el fin de evitar la parálisis de la causa, que se debe, entre otras cosas, a que hay ciudadanos iraníes que no comparecen a estar a derecho.
De aprobarse la iniciativa, en los procesos en los que se hubiera declarado la rebeldía de un imputado, a requerimiento del fiscal, el juez podrá disponer la continuación del proceso en ausencia del imputado.
En un encuentro con periodistas organizado por la DAIA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cohen estimó que -si bien la solución sería que Irán colaborara y entregara a las personas sindicadas como partícipes del hecho, algo que “no va a suceder”, el juicio en ausencia será la “única salida”.
A Irán y al grupo chiíta Hezbolá se les atribuye la planificación del segundo atentado en contra de instituciones judías en el país.
En el listado de imputados por el caso AMIA figuran varios ex altos funcionarios iraníes; entre ellos, el ex presidente Alí Akbar Rafsanjani -fallecido en enero de 2017- y el ex ministro de Exteriores, Alí Akbar Velayatí, pero hasta ahora Irán no ha colaborado con su extradición. No obstante, rigen varios pedidos de captura (alertas rojas) de la Policía Internacional (Interpol).
A dos décadas del ataque, 12 personas (entre ellas, el ex presidente Carlos Menem) fueron juzgadas por las irregularidades en el primer debate, que concluyó con la declaración de nulidad de la investigación y la absolución de los policías imputados.
Pacto
En enero de 2015, Alberto Nisman, el fiscal encargado de la investigación del atentado, fue hallado muerto días después de haber señalado a la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y a miembros de su administración como encubridores de los iraníes que están bajo la mira de la Justicia local. Nisman basó su denuncia en el memorándum suscrito entre Argentina e Irán en 2013, el cual, según el agente, implicaba encubrir a los sospechosos a cambio de impulsar el intercambio comercial de granos argentinos por petróleo iraní.
El denominado “Pacto con Irán” perdió eficacia jurídica luego del cambio de Gobierno.
