El Observatorio Venezolano de Violencia calculó un promedio de seis muertes al día en el país por resistencia a la autoridad en 2021.
En tanto, precisó que en la primera quincena de este año 27 personas fueron asesinadas por integrantes de fuerzas de seguridad.
En tanto, la ONG Control Ciudadano aportó más datos y reseñó que entre 2016 y 2021 se contabilizaron 9.211 casos de ejecuciones extrajudiciales.
Todos esos hechos forman parte de la investigación por violaciones de los derechos humanos que lleva adelante la Corte Penal Internacional (CPI), que involucra al régimen chavista, encabezado por Nicolás Maduro.
Cabe recordar que en junio de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en la causa por la ejecución extrajudicial de los jóvenes venezolanos Jimmy Guerrero y Ramón Molina, en 2003.
Sobre el final del año pasado, Venezuela se convirtió en el primer país de América Latina bajo pesquisa de la CPI, cuando el fiscal Khan abrió formalmente la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
El tribunal regional determinó que las detenciones y asesinatos de Guerrero y Molina estuvieron motivados por “preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza”.
Las categorías de muertes por “resistencia a la autoridad”, “enfrentamiento” o “bajo averiguación” esconden una buena parte de las ejecuciones extrajudiciales.
Para 2019, Venezuela era uno de los países con la mayor tasa de letalidad policial -civiles muertos por arma de fuego de agentes de seguridad por cada 100. mil habitantes-, según los cálculos del Monitor del Uso de la Fuerza Letal en América Latina.
En 2015, el gobierno implementó las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), incursiones violentas de varios cuerpos de seguridad en barrios para supuestamente “cazar” a delincuentes, que han sido condenadas en varios informes de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
CPI
En el marco de la investigación en curso por violaciones de los derechos humanos en Venezuela, la CPI le dio un nuevo plazo al régimen de Maduro para que responda por los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de miembros de la oposición y la sociedad civil.
El fiscal Karim Khan indicó que, con “espíritu de cooperación, de diálogo y de equidad”, aceptó concederle a Venezuela una prórroga de tres meses (hasta el 16 de abril de 2022) para que informe sobre las graves denuncias en su contra.
El plazo inicial expiró el pasado domingo y, según Khan, la extensión “es adecuada y está justificada” debido a “varias circunstancias” que definió como “excepcionales”.
El funcionario también indicó que aquélla le dará tiempo para viajar a Venezuela y “entablar un diálogo significativo con el Gobierno” sobre cuestiones de admisibilidad, con miras a evaluar, entre otras cosas, “el alcance y la necesidad de recurrir a posibles procedimientos”.
En 2018, la CPI, con sede en La Haya, abrió un examen preliminar por la acción de efectivos de seguridad en las protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes.
En diciembre de 2021 resolvió avanzar en su investigación contra Nicolás Maduro y el régimen chavista.
Aunque según el Ministerio Público venezolano ya imputó a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, la oposición considera que esas acciones se tomaron únicamente para evitar el proceso judicial internacional y “vender una imagen de colaboración” sin cambios reales.
