El titular de la Fiscalía Nº 2 ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba, Carlos Gonella y la fiscal de primera instancia de Villa María, María Marta Schianni, pidieron una pena de siete años de prisión para el fiscal federal, Luis María Viaut, quien está acusado junto con un empleado de la dependencia a su cargo y otras tres personas más de cobrar sobornos para frenar investigaciones y de ejercer su influencia para intervenir en causas en curso en la justicia ordinaria.
El fuerte pedido de pena incluyó una multa de 51.300 dólares (el triple de la exacción), más inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
El pedido del Ministerio Público fue más duro que la solicitud de pena del abogado querellante que representa al denunciante Pablo Domínguez, quien había solicitado una condena de cuatro años y medio de cárcel para el fiscal federal, además de una pena condicional para el ordenanza Dario Rivarola, quien está acusado de pedir dinero a nombre de Viaut.
Los cinco imputados llegaron a juicio por dos hechos. Por un lado, Viaut y Darío Fabián Rivarola (empleado de la fiscalía de San Francisco) están acusados de concusión agravada, en carácter de coautores, por ofrecer a los titulares de una cooperativa tambera “cajonear” una investigación en curso mediante el pago de un soborno. En el segundo hecho, ambos están acusados de tráfico de influencias. En ese caso, Gerardo Agustín Panero y Walter Gustavo Fattore fueron considerados en el alegato como partícipes secundarios de la maniobra, luego de que Víctor Brugnoni, acusado de cohecho activo, les ofreciese dinero a cambio de su intervención en una causa en la justicia ordinaria.
En su alegato, Gonella y Schianni solicitaron dos años de prisión en suspenso para Brugnoni ya que consideraron como atenuantes su estado de salud, la situación de desesperación en la que se encontró al momento de cometer el delito y su posterior confesión y colaboración con el esclarecimiento del hecho. Para Fattore y Panero el pedido fue de seis meses de prisión de ejecución condicional por la situación laboral y de salud de ambos, atenuada a su vez por su declaración y arrepentimiento. En el caso de Rivarola, el Ministerio Público Fiscal solicitó tres años de prisión en suspenso, una multa de veinte mil pesos y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Antes de los alegatos, Viaut negó toda relación con personas que hubieran pedido dinero en su nombre. También desmintió que haya tenido en su fiscalía tramitación alguna respecto de la cooperativa “Las Cañitas” de El Tío, donde el contador González terminó denunciándolo a él y a Rivarola por solicitarle dinero.
