El Ministerio Público de Córdoba, en los últimos puestos en un ranking de eficacia

Ocupa el lugar número 16° de un total 20 en todo el país. Apenas 1,76% de las causas que ingresaron a las fiscalías cordobesas terminó en condenas y sólo 0,47% concluyó con acuerdos reparatorios o suspensión de juicio a prueba. El Ministerio de Entre Ríos obtuvo el mejor puntaje

P or Silvina Bazterrechea - sbazterrechea@comercioyjusticia.info

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba se ubica entre los últimos en el ranking de eficacia politico-criminal, según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).

El estudio, al que accedió Comercio y Justicia, busca determinar qué porcentaje de las causas que ingresan a los MPF recibe algún tipo de respuesta de calidad para los ciudadanos; y qué porcentual de las causas que acceden a las fiscalías recibe alguna respuesta que incida, aunque sea mínimamente, sobre el control de la criminalidad.

Según el ranking confeccionado por el Inecip, basado en datos recolectados en 2019 (se tomó ese año para que los datos no se vieran distorsionados por el contexto excepcional que implicó la pandemia de covid-19 ), el MPF de Córdoba se ubicó en el puesto 16º en lo que se refiere a la eficacia político-criminal, sobre un total de 20 jurisdicciones que fueron relevadas.

Para medir la tasa básica de esa eficacia, el Inecip analizó las condenas impuestas, las suspensiones condicionales del proceso y los acuerdos reparatorios establecidos por los ministerios públicos, entendiendo que los sectores victimizados han recibido alguna compensación -en sentido amplio- por los daños sufridos.

El estudio refleja que durante 2019 ingresaron a las fiscalías de Instrucción de Córdoba 60.376 causas, de las cuales sólo 1.063 llegaron a condena (1,76% ). A esto hay que sumar los procesos que terminaron en la suspensión de juicio a prueba o en acuerdos reparatorios, cuyo porcentaje fue realmente bajo . Si bien estos institutos han sido pensados para dar una respuesta eficaz a la ciudadanía, apenas 286 causas se resolvieron por estos métodos alternativos de resolución de conflictos (0,47 %) . De esta manera, el porcentaje de eficacia político-criminal para Córdoba se ubicó en 2,23% .

Si se compara a Córdoba con el MPF de Entre Ríos -que está primero en el ranking de eficacia-, se observa cómo allí los métodos alternativos de resolución de conflictos adquieren relevancia : de un total de 82.254 expedientes, se alcanzaron 4.840 acuerdos reparatorios, lo que implica que se impuso algún tipo de sanción o se dio una respuesta judicial en 5,88% de las causas ingresadas . A ello hay que sumarle los procesos de suspensión de juicio a prueba, que se sustanció en 183 causas, 1,53% del total . Las condenas, en tanto, representaron 1,80% de los expedientes. Así, el porcentaje de eficacia político-criminal alzanzó 9,17%, cuatro veces más que la del organismo acusador cordobés.

El otro dato revelador es la cantidad de sobreseimientos y absoluciones dictados en ambas jurisdicciones: mientras en el MPF de Córdoba las resoluciones implicaron 7,41% del total de causas, en Entre Ríos sólo significaron 2,77%. En lo que refiere a absoluciones, mientras en Córdoba se dictaron 87, en Entre Ríos fueron 13. Si bien estas resoluciones son respuestas judiciales, el índice elevado puede develar otro tipo de situaciones: por ejemplo, causas que terminan siendo cerradas por el paso del tiempo o, con ese resultado, por un tratamiento interno inadecuado, aclara el informe.

Pocos datos, poca eficacia

El estudio del Inecip es contundente en sus conclusiones: los MPF argentinos no están siendo eficaces en el cumplimiento de sus funciones más básicas . Éstas son, en primer lugar, darle una respuesta de calidad básica a la mayor cantidad posible de conflictos que ingresen al sistema penal y, además, lograr respuestas que tengan algún tipo de incidencia político-criminal.

“Esa ineficacia implica que las fiscalías no están gestionando adecuadamente los intereses de las víctimas ni logrando incidir sobre el control de la criminalidad”, destacó el estudio, que -por otra parte- no contempla variables como el tiempo de duración de las causas, las circunstancias del caso en concreto o la satisfacción de la víctima con la respuesta otorgada . Ello, habida cuenta de la escasa información que pudieron obtener de los distintos ministerios públicos relevados. De hecho, cinco jurisdicciones directamente no proporcionaron datos. “La mayoría de los ministerios públicos no sólo no publican información básica que permita evaluar su eficacia –lo cual ya es, de por sí, un problema en una organización pública-, sino que ni siquiera la producen. No nos referimos a información compleja, como la determinación del impacto que tienen las políticas de persecución penal sobre cierto fenómeno criminal en un tiempo determinado, sino a información básica sobre su propio funcionamiento, que la mayoría de los ministerios públicos sigue sin producir”, advirtió el Inecip.

“Tanto la ausencia de objetivos claros como la falta de producción de información son transversales a toda la región latinoamericana. No es casual que sean pocas las experiencias de evaluación de eficacia de estas organizaciones”, concluyó el informe, que instó a los organismos públicos a mejorar su desempeño por medio de la evaluación periódica.