ESCUCHAREn el Senado, las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales comenzarán a discutir el proyecto de ley que busca ampliar el alcance del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a los delitos contra la Integridad Sexual (RNDG) -creado por Ley 26.879, en 2013, y dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación-, para que abarque la investigación de otros delitos.
Entre los objetos del registro figura contribuir al esclarecimiento de los hechos bajo investigación; particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados.
También buscará “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.
El texto aclara que los perfiles genéticos de víctimas o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho, salvo si los aportantes lo consienten expresamente.
Según la propuesta, además del perfil genético se almacenarán, en forma independiente, el nombre y apellido, fecha y lugar del nacimiento y el número de DNI/pasaporte y la autoridad que lo expidió. Suma que el titular de los datos tendrá derecho a acceder a ellos y, eventualmente, a corregirlos si son erróneos, en cualquier momento.
Además, indica que el uso de la información deberá atender a los criterios de la normativa sobre Protección de Datos Personales.
Para optimizar la asignación de recursos, precisa la incorporación de perfiles se concretará priorizando el ingreso al registro de los imputados, procesados o condenados por homicidio, abusos sexuales, narcotráfico y robos agravados.
“La información contenida en el registro tendrá carácter de dato sensible, reservado, y solo será suministrada a las autoridades judiciales o del Ministerio Público, en el marco de una causa judicial determinada”, detalla la iniciativa, y añade que en ningún caso podrá solicitarse o consultarse la información para fines distintos a los establecidos en la ley.
Paralelamente, establece que bajo ningún supuesto el registro podrá ser utilizado “como base o fuente de discriminación, estigmatización, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad y honra de persona alguna”. En ese marco, prohíbe el intercambio de información genética sobre las personas con bancos o registros de datos genéticos privados de cualquier índole.
Por otra parte, se establece que el RNDG estará a cargo de un director que será designado por el presidente de la Nación, previo concurso público de oposición y antecedentes, que durará en sus funciones seis años, pudiendo ser reelegido previa consulta a la Comisión Nacional de Huellas Genéticas.
Cámara Baja
La iniciativa que impulsó el Ejecutivo- y tiene respaldo de la organización “Madres del Dolor”, entre otras-, obtuvo media sanción el pasado 14 de agosto en la Cámara Baja, con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones, en el marco de la maratónica sesión.
Durante el debate, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) calificó a la iniciativa como “una de las más importantes en materia de investigación criminalística desde el año 1912”.
En la misma línea, la legisladora Natalia Sarapura (UCR) afirmó que la modificación es “un compromiso con la justicia, seguridad y bienestar de todos los argentinos” y no una mera iniciativa tecnológica.
Reparos
El bloque de Unión por la Patria (UxP) expuso reparos. Al presentar el dictamen de minoría, Martín Soria aseveró que era inconveniente que el registro pasara a la órbita del Ministerio de Seguridad. También objetó la toma de muestras de ADN compulsiva “sin definir prioridades en lógica criminal” y “la designación sin criterios del directorio de huellas genéticas, cambiando el software nacional y gratuito creado en 2013 para reemplazarlo por uno del exterior”, a cargo del FBI.
Algunos de los puntos señalados fueron corregidos o modificados en la redacción final y se definió que el RNDG se mantenga bajo la órbita de la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
El bloque más refractario a la aprobación de cualquier cambio del Registro Nacional de Datos Genéticos fue el del Frente de Izquierda (FIT-U). La diputada del Partido Obrero (PO) Vanina Biasi criticó el proyecto al opinar que “tiene como finalidad tener más instrumentos para espiar a nuestra sociedad”.
Paralelamente, el diputado Alejandro Vilca (PTS-FIT) estimó que el proyecto atenta contra el principio de lesividad y proporcionalidad y que “ataca a los derechos de privacidad y dignidad de las personas acusadas o condenadas por hechos leves que deberán soportar cuando el Estado almacene sus datos”.
Según Vilca, todo es inconstitucional y tiene “sesgos persecutorios y violatorios de derechos” porque, según su lectura, “está pensado como herramienta represiva”.
