ESCUCHARLas indagatorias serán el próximo 9 y 10 de diciembre, respectivamente. Entre los espiados se encuentran el ex vicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido
Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, volvieron a ser citados a indagatoria por supuestas maniobras de espionaje ilegal, esta vez en perjuicio de personas privadas de su libertad.
La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora (Buenos Aires) Juan Pablo Augé, quien los convocó para el 9 y 10 de diciembre, respectivamente, en el marco de una tanda de declaraciones que incluirá a otros 23 imputados.
Las indagatorias de Arribas y Majdalani, de una veintena de ex agentes de la AFI y de ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal, entre los que figura su ex titular Emiliano Blanco, fueron dispuestas tras un requerimiento formulado por los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardrona, que tienen delegada la investigación.
La nueva ronda de indagatorias ocurrirá en el marco del denominado «Legajo 9», en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por ex miembros de la AFI junto a ex agentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad, entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.
Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.
Los argumentos
Los imputados «se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25520» respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el ex vicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, según surge de la acusación.
Las tareas de inteligencia ilegal «alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales».
También a «agentes penitenciarios y miembros de su propia fuerza, que planificaban algún tipo de organización sindical y/o reclamos laborales por sí o por medio de sus familiares», señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Fuente de información
Los fiscales señalaron que el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) implementado por el Gobierno de Macri en algunos pabellones de las cárceles de Ezezia y Marcos Paz «fue utilizado como una fuente de información directa».
En el dictamen, los acusadores advirtieron que resoluciones dictadas por el exdirector del SPF Emiliano Blanco (citado a indagatoria para el 30 de noviembre) facilitaron el supuesto espionaje ilegal.
«Se utilizaron distintas dependencias del Servicio, principalmente, la Dirección Principal de Análisis de la Información, a cargo de Cristian Suriano, y su segundo, Juan Carlos Silveira, junto a Sebastián Siri, quienes dispusieron y orientaron los recursos técnicos y humanos para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtención, rápida, segura y efectiva de la información vedada por ley», indicaron los fiscales.
Parte de esa información fue a parar a manos de agentes de AFI y se utilizó «con propósitos de espionaje adicionales», razón por la cual los fiscales pidieron la indagatoria de quienes formaron parte de ese esquema.
«Conforme a las copias forenses realizadas sobre el teléfono LG K120 K4 7 se pudo determinar que los agentes ubicados en los lugares de detención, transmitían numerosa información, que sólo se refería a las actividades políticas y/o sociales de detenidos y no a prevenir actos de corrupción, a través del grupo de whatsapp denominado ‘Círculo de confianza», detallaron los fiscales.
Entre las indagatorias dispuestas se encuentran las de los integrantes del área de jurídicos de la AFI Juán Sebastián Destéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, quien antes de integrar la central de espías había trabajado en el juzgado federal número 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.
También fueron convocados Alan Ruiz, el procesado ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, y los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros.
