El Ministerio de Trabajo presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de juicio político contra los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, de la Cámara Nacional del Trabajo, quienes avalaron el acuerdo salarial del gremio bancario.
La cartera laboral que encabeza Jorge Triaca denunció que los camaristas tuvieron “mal desempeño”, “falta de idoneidad” y “negligencia grave” por “arbitrariedad e incumplimiento de la Constitución”.
En este sentido, Trabajo señaló que en el fallo de los camaristas, además de darle la razón a la Asociación Bancaria (AB) e “instar” a pagar el preacuerdo salarial a las cámaras empresariales, le exigieron al “Poder Ejecutivo Nacional no interferir” en la cuestión.
La cartera de Triaca consideró que es una potestad ministerial la homologación de los acuerdos paritarios y denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas.
Por su parte, la AB, liderada por Sergio Palazzo, repudió la denuncia del ministerio “por estar ante un hecho de inusitada gravedad institucional”. Mediante un comunicado, se solidarizó con los jueces que “indudablemente estarían sufriendo un hostigamiento que violenta el orden constitucional”.
También la Agrupación Nacional de Abogados de Trabajadores manifestó su “profunda preocupación respecto de las amenazas y amedrentamiento a los jueces Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por parte del ministro de trabajo Jorge Triaca”.
Por su parte, Arias Gilbert cuestionó también al Gobierno por pretender juzgarlo por su sentencia. “Yo fallo a favor del derecho. Estoy obligado a aplicar la ley le guste a quien le guste; si no, desaparecería la división de poderes. En tal caso, sería policía del pensamiento”, enfatizó el magistrado.
En declaraciones a radio Diez, Arias Gilbert sostuvo que “no es republicano que un ministro me enjuicie porque no le gusta lo que opino”.
