ESCUCHARCon el fin de la feria judicial, el gobierno jujeño pedirá ser aceptado como parte querellante en la causa por asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión abierta en contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala.
El fiscal General Mariano Miranda aseguró que el planteo se hará para poder aportar nuevos elementos probatorios en la causa por asociación ilícita, a fin de determinar quién se quedó con los fondos públicos destinados a la construcción de vivienda.
Además, la Justicia tendrá que determinar si el juez Gastón Mercau sigue al frente de la investigación por asociación ilícita e instigación a cometer delitos que se instruyen contra Sala, quien está detenida desde hace dos semanas.
En esa investigación, además de Sala, están imputadas 18 personas, dos de las cuales también fueron detenidas; entre ellos, dirigentes de cooperativas y exfuncionarios del gobierno de Eduardo Fellner.
Según Miranda, tiene noticia de que algunos cooperativistas fueron obligados a endosar cheques por distintos montos para que los supuestos integrantes de la asociación pudieran quedarse con el dinero. “A veces usaban una institución ajena a la Tupac Amaru para poder transferir fondos”, aseguró.
Si bien el Gobierno había denunciado a la diputada por el kirchnerismo en el Parlasur por asociación ilícita y fraude a la Administración pública, la fiscal penal Liliana Fernández de Montiel amplió la imputación por los testimonios de los cooperativistas, que dieron detalles sobre las maniobras.
En principio, la fiscalía intenta determinar el destino de unos 29 millones de pesos que el Instituto de Vivienda de Jujuy había derivado a cuatro cooperativas ligadas a la Red de Organizaciones Sociales.
Por esta causa, esta detenido el exvocal del Instituto de la Vivienda de Jujuy, Pablo Tolosa, y la exjefa del Departamento Administrativo Contable, Marta Gutiérrez, quien autorizaba los pagos a obras por pedido de sus superiores.
