ESCUCHARTras detectar irregularidades en su funcionamiento, el Gobierno avanzó con la intervención de otras dos obras sociales sindicales.
Lo hizo mediante las resoluciones 1999/24 y 2000/24.
La decisión afecta a la Obra Social de Vareadores (OSV) y la Obra Social del Personal Mosaiquista (OSPM). Alberto Curci Castro y Martín Gutiérrez fueron designados administradores provisorios.
Se extenderá hasta cuando lo considere necesario el Poder Ejecutivo y los resultados de la tarea encomendada a los funcionarios deberán ser reportados periódicamente a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
Magnitud
La intervención de la obra social de los vareadores de caballos se dispuso tras una auditoría en la que se comprobaron incumplimientos de distinto tipo “de tal magnitud que interfieren en el normal funcionamiento”, según precisó la resolución.
Entre las irregularidades figura: falta de presentación de la documentación respaldatoria para la solicitud de prestaciones para personas con discapacidad; ausencia de equipos interdisciplinarios para la evaluación y seguimiento de los tratamientos de discapacidad, salud mental y adicciones; no realización de auditorías en terreno a prestadores y deficiencias de control interno por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones.
El texto oficial puntualizó que “la falta de acceso a la documentación de pagos, como así también el atraso existente en las registraciones contables, impidieron concluir respecto a si se efectúa un correcto devengamiento de los pasivos por prestaciones médico-asistenciales”.
Asimismo, observó, entre otras faltas, la ausencia de registro de presentación del Plan Médico Asistencial para 2014; que la obra social no desarrolla programas preventivos ni campañas de vacunación; que no posee un vademécum propio y que “la medicación de alto costo es provista por diferentes droguerías por compra directa, entregando la medicación a los afiliados en forma directa”.
En cuanto a la entidad que brinda cobertura a los trabajadores del mosaico, la intervención se debe a que no realiza seguimiento ni auditoría a los beneficiarios que no son propios de su actividad y adeuda una importante cantidad de presentaciones de los Informes Detallados de Aplicación de Fondos (IDAF) y de los Estados Financieros Discapacidad (EFD).
De acuerdo a la SSS, la información que brindó la obra social fue parcial, incompleta e informal, presentando discrepancias con datos brindados a otras áreas.
Además, detectó que no cuenta con equipos interdisciplinarios de discapacidad, de salud mental ni con protocolo IVE, mientras que también “observa graves incumplimientos en el procedimiento de gestión de reclamos, ausencia de respuesta, autorización de prestaciones y contacto con los beneficiarios”.
Indicó también que no contaba con una cartilla médica prestacional actualizada y que se registró la existencia de varios contratos con prestadores no inscriptos.
