Los magistrados alertaron sobre el impacto que tendrá el pago del tributo en los secretarios que aspiren a convertirse en magistrados. Pidieron razonabilidad y aseguran que se atentará contra la carrera judicial. La ley fue aprobada en diciembre del año pasado
El gobierno de Mauricio Macri sigue sin reglamentar el decreto que obliga a los jueces que juraron este año a comenzar a pagar el impuesto a las ganancias. Según trascendió, el decreto está “cajoneado” en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.
Aunque su firma parecía inminente, el reclamo de los magistrados respecto del impacto que tendrá la aplicación del tributo en la carrera judicial hizo que la cuestión quede bajo análisis. Ocurre que los secretarios que aspiran a convertirse en magistrados terminarán cobrando igual o menos que en su anterior cargo si se transforman en jueces, de aplicarse el impuesto, tal cual fue pensado por el Ejecutivo.
En diálogo con Comercio y Justicia, el titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez, precisó que la cuestión ya fue planteada a las máximas autoridades del Gobierno nacional.
El camarista cordobés recordó que en la actualidad “90% de las vacantes a jueces fue ocupado por secretarios y esto es porque son los mejores entrenados” y agregó: “Aplicarles un descuento de esas características atenta contra la carrera judicial”.
Según Vélez, el Gobierno no debe perder de vista que “preparar o capacitar a un juez le cuesta al Estado tiempo y dinero; por lo tanto, debe pensarse en una alternativa que sea razonable”.
En la misma sintonía se pronunció la Asociación de Magistrados. El camarista Luis Cabral, representante de los jueces en el consejo, dijo que no sería coherente que pagaran Ganancias los secretarios judiciales ascendidos a jueces. “Hay que tener en cuenta el caso de una promoción en el orden interno del Poder Judicial “, expresó en declaraciones a la prensa.
El debate
Entre las alternativas que se manejan se plantea la posibilidad de excluir a los secretarios que podrían ascender a magistrados del pago del impuesto o establecer una compensación salarial por el descuento impositivo aplicado.
Sin embargo, la idea original del Gobierno es que todos los jueces que juraron desde enero de este año, provengan o no de la “familia judicial”, paguen Ganancias.
En cambio, no pagarán el impuesto jueces que ya ejercían el cargo en otro fuero o en otra jurisdicción y son ascendidos este año . Sí pagarán los funcionarios judiciales que actuaban como jueces en forma interina.
Esto fue pensado para evitar eventuales planteos de nuevos jueces, invocando el artículo 110 de la Constitución Nacional, que garantiza la intangibilidad de los sueldos al señalar que “no podrán ser disminuidos en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones”.
Cabe recordar que, años atrás, la Corte Suprema -presidida por Julio Nazareno-, había declarado “la inaplicabilidad” de la ley 24631 sancionada en 1996, que había quitado las exenciones para los magistrados, vigentes desde 1936.
Hasta ahora, según el registro de la asociación, los jueces no están pagando Ganancias -ya que ninguno juró después del 1 de enero- pero el Consejo de la Magistratura sí les retiene a los funcionarios judiciales que superan el piso del mínimo no imponible.
Sin reglamentar
La ley 27346 fue aprobada en diciembre de 2016 y contó con la venia de la Corte Suprema de Justicia.
El presupuesto 2017 contempla que, al no pagar Ganancias los jueces, el Estado dejaría de percibir $5.605 millones que figuran como “gastos tributarios”.
