El fuero laboral es incompetente para atender planteo de un trabajador municipal temporario

El tribunal valoró que siempre que la causa exija para su resolución el análisis conjunto de normas de derecho público administrativo y de derecho privado o laboral, y la cuestión predominante esté condicionada por el juzgamiento de una actividad, omisión o vías de hecho administrativas, tanto legítimas como ilegítimas, debe residenciarse en el fuero especializado de los tribunales contencioso-administrativos

Al entender que, si la pretensión se dirige a un ente de carácter público y el actor invocó una relación laboral al amparo de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que se mantuvo durante cierto período -más de nueve años-, al haber suscripto las partes sucesivos contratos de trabajo temporarios, en virtud de los cuales el demandante se desempeñó como coordinador de las áreas de Salud y Acción Social de la Municipalidad de Pilar, la Sala 11ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba confirmó la resolución del juez de Conciliación, quien se declaró incompetente en la materia, interpretando que la conjunción de aquellos aspectos excluyen del fuero del Trabajo la resolución del caso.

El trabajador se agravió porque la demanda fue planteada en el marco de una relación de trabajo habida con el municipio de Pilar, que no fue admitida, y relató que trabajó en esa dependencia el 1/7/2009 cumpliendo tareas administrativas, de 7 a 14, lunes a viernes.

Contratos

La actora sostuvo que la hicieron suscribir sucesivos contratos bajo la denominación “personal temporario”, para disimular el contrato de trabajo e incumplir las normas de derecho laboral.

Manifestó, asimismo, que la situación continuó por más de 12 años y que el 30/6/2021 se le negó el ingreso al trabajo, por lo que solicitó que se le aclarara su situación laboral y, ante la negativa de la demandada, se dio por despedida, fundando su derecho en el reclamo de los rubros indemnizatorios derivados del despido indirecto, en la LCT.

El tribunal integrado por las vocales Eladia Garnero de Fazio y Patricia Ledesma de Fuster sostuvo que la incompetencia del fuero del Trabajo surge del art. 1° de la ley 7987, que establece que este fuero es competente para la resolución de los conflictos jurídicos individuales derivados de la relación o contrato de trabajo, cualquiera fuere el fundamento jurídico que se invoque.

Al respecto, se sostuvo que la relación jurídica entre la actora y la demandada es de derecho público, no de derecho privado, y no incluye las relaciones o contratos celebrados en el sector público -nacional, provincial o municipal-.

Ajenas

Así, el tribunal consideró que esas relaciones resultan ajenas al fuero del Trabajo, salvo la excepción prevista en el art. 2, inc. a), LCT; esto es, que por acto expreso se incluya a los trabajadores en la LCT o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo (CCT), pero excluye del ámbito de aplicación a los dependientes municipales.

Por ello, se evaluó quienes trabajan para la Municipalidad del Pilar se vinculan con ella como empleados públicos municipales o por contratación como locación de servicios, becarios, de facto, etcétera, pero no están comprendidos en la LCT, de la cual se encuentran excluidos, excepto que por “acto expreso” se autorice su incorporación a dicho sistema jurídico, lo que no surge de las constancias de autos.

En tal sentido, indicó la sala que para que la pretensión de la parte actora sea de competencia material del fuero del Trabajo, la demanda debe contener la denuncia del hecho que determina aquella competencia: una relación o contrato de trabajo según la definición citada ut supra.

Vínculo

El tribunal observó que si ese vínculo es con el Estado, también al demandar se debe denunciar el acto expreso de inclusión en la LCT o en los CCT, infiriendo que la demanda de los presentes obrados no contiene acto expreso alguno.

En definitiva, el tribunal concluyó que, tratándose de empleados contratados o “de hecho” de la Administración pública (provincial, municipal o entes descentralizados), la competencia ordinaria laboral será siempre excepcional, en virtud de lo normado por el Código de Procedimiento Administrativo (art. 2, inc. “c”, de la ley 7182) y a su vez dicha excepción, sólo prevista para aquellos supuestos en que por CCT o acto expreso la administración se hubiese sujetado al derecho común; con lo que, no dándose en autos dicha excepción, por no haberse sujetado la Municipalidad de Pilar al régimen común respecto a sus empleados públicos, cabe coincidir con la decisión adoptada por el juez a quo.