El fuero federal deberá investigar denuncias contra la aparente empresa Intense Live

o ordenó la Cámara de Apelaciones de Tucumán al resolver el conflicto de competencia suscitado con la Justicia provincial. La firma está bajo pesquisa en otras provincias por lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y estafas

La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -con la conformación unipersonal de la jueza Marina Cossio- resolvió que el fuero federal investigue las denuncias contra Intense Live, una supuesta empresa que, bajo el esquema de Ponzi , captaba inversionistas con la promesa de recibir altas tasas de rendimiento con poco riesgo.

Cossio falló en sintonía con el dictamen del fiscal General Antonio Gómez.

La causa se generó el 21 de enero pasado, cuando la delegación tucumana de Gendarmería Nacional recibió una denuncia anónima contra dos hombres , a quienes se acusó de cometer múltiples estafas, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fuga de capitales en la provincia mediante la aparente compañía Intense Live.

También expuso que los denunciados reclutaban a personas para que invirtieran dólares con la promesa de que obtendrían una ganancia de 20 por ciento mensual del capital.

Además, que aquéllos tomaban las inversiones y las fugaban del país por medio de empresas financieras en línea, lo cual les permitía evadir impuestos.

Inicialmente, la investigación recayó en el titular del Juzgado Federal Número 2 de Tucumán, Fernando Poviña, quien la delegó a la Fiscalía Federal Número 2, entonces a cargo de Carlos Brito.

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) dictaminó que la causa debía pasar al fuero ordinario, por entender que no se daban los requisitos para su tramitación en el federal.

Ello fue avalado por el magistrado, quien el 2 de marzo declaró su incompetencia y remitió las actuaciones a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Poder Judicial de Tucumán, que las acumuló a otras tres denuncias existentes contra Intense Live.

En junio, la jueza penal del Centro Judicial Capital de los tribunales ordinarios de la Provincia, Isolina Apás Pérez de Nucci, rechazó la competencia.

Alegó que los federales no explicaron fundadamente las razones por las que las conductas denunciadas no encuadrarían en los delitos de evasión y lavado de dinero, entre otros, ni las tareas investigativas mínimas realizadas que permitieran justificar sus conclusiones.

Coincidió con el criterio del fiscal de Delitos Complejos del MPF de Tucumán, Alejandro Noguera, quien expresó que del relato de los hechos surgía evidente la comisión de otros ilícitos concatenados al de estafa, como la captación ilegal de ahorros, el lavado de activos y la evasión impositiva, cuya persecución corresponde a los tribunales federales, en razón del interés que ellos y su solución representan para el Estado nacional.

En virtud de ello, se trabó el conflicto de competencia, cuya resolución quedó a cargo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que dio traslado de la cuestión al fiscal General Gómez, quien se expidió en favor de que la investigación se tramite en el fuero federal.

En su dictamen, afirmó que los hechos a investigar configurarían una defraudación que se subsume en el delito de lavado de activos previsto en el artículo 310 del Código Penal, cuyo trámite es de competencia federal.

“Si bien la primera de las figuras típicas (estafa) es de investigación de competencia de la justicia ordinaria, al mediar un concurso ideal con una figura típica cuya investigación corresponde al fuero de excepción, ambos delitos deben ser investigados por este último fuero” , indicó.

Asimismo, destacó que la captación pública de dinero para su colocación en inversiones es una actividad que requiere autorización de las autoridades federales competentes, como el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, los cuales controlan el funcionamiento de las entidades a efectos de proteger contra fraudes y abusos.

Bajo esa premisa, razonó que “el ardid conlleva la supuesta autorización de organismos nacionales” y que, por ende, es competente el Juzgado Federal Número 2 de Tucumán.

La camarista Cossio coincidió y consideró “prematura” la postura del juez Poviña al declarar la incompetencia; ello así, porque decidió sin que se haya tomado medida alguna para determinar el objeto procesal, toda vez que no se acreditó mínimamente la comisión de él o los supuestos delitos cometidos.

Paralelamente, la funcionaria recordó que de la propia denuncia resulta que posiblemente las maniobras consistieron en los delitos de estafa, lavado de activos y evasión impositiva, por lo cual los hechos a investigar podrían caer en la órbita de la competencia federal, en atención a su naturaleza.