ESCUCHAREl funcionario judicial aseguró que hay una campaña en contra del Ministerio Público Fiscal y tildó de “mafiosas” las medidas precautelares que impiden las designaciones de los fiscales subrogantes.
Legisladores del Frente para la Victoria y miembros del Poder Judicial volvieron a rechazar ayer la medida precautelar con la cual se suspendió la designación de fiscales dispuesta por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, de acuerdo con las facultades que le otorga el nuevo Código Procesal Penal, y ratificaron su cuestionamiento a la intromisión de la Justicia en el Legislativo.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló que estas medidas judiciales que impiden la designación de fiscales responden a una “conducta anticonstitucional y antidemocrática” y consideró que se trata de una “clara embestida contra el funcionamiento del Poder Judicial, de la autonomía funcional del Ministerio Público consagrada en la Constitución Nacional”, y recordó que los fiscales “fueron seleccionados por el Senado de la Nación”.
En tanto, el fiscal federal Enrique Senestrari, apuntó que las medidas precautelares que impiden asumir a los fiscales subrogantes designados “ponen tildes mafiosos y políticos a la decisión de un poder autárquico que implementa una ley del Congreso”. “Les duele y les molesta darse cuenta que pierden un enorme poder sucio e ilegítimo, extorsionando el manejo de los tiempos judiciales”, dijo Senestrari, uno de los 16 fiscales cuyo nombramiento fue bloqueado por una precautelar del juez Enrique Lavié Pico.
Para el fiscal, los argumentos que esgrimen algunos magistrados y legisladores de la oposición respecto de que la designación de los 16 fiscales subrogantes no es urgente, no son ciertos: “Hay una nueva fiscalía creada que tiene que entrar en funcionamiento para que cuando se empiece a aplicar el nuevo código ya esté funcionando”.
“En los últimos años se crean oficinas y no se las integra hasta que está todo terminado y (todo) se debe aceitar y organizarla cuando la ley ya está en vigencia”, explicó .
Al finalizar, el magistrado sostuvo que la campaña no sólo es contra la titular de la Procuraduría sino que pesa sobre todo el Ministerio Público, señalando a todos aquellos fiscales que trabajan en el mismo sentido que Gils Carbó como delincuentes o miembros de una asociación ilícita destinada a proteger a un Gobierno: “Es todo una historia que están inventando y nada tiene que ver con la realidad”, afirmó.
En el mismo sentido, el titular de Diputados, Julián Domínguez, dejó en claro que la Constitución Nacional, en su artículo 120, así como la ley 24946, establece que el “Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera”.
Mientras tanto, ayer los diputados del PRO concretaron una acción declarativa de inconstitucionalidad por falta de ley de implementación y problemas de clara discrecionalidad contra la Procuración General de la Nación.
