ESCUCHAREn España, el Juzgado de lo Penal número 34 de Madrid absolvió a Ángel Hernández, el hombre que en abril de 2019 ayudó a morir a su esposa, María José Carrasco, enferma terminal de esclerosis múltiple, y fue procesado por el delito de cooperación al suicidio.
La sentenciante receptó el planteo de la Fiscalía, que la semana pasada retiró su acusación, cuando comenzó a regir la Ley de Regulación de la Eutanasia.
El Ministerio Público Fiscal presentó ante el juzgado un escrito pidiendo la aplicación retroactiva de la modificación del Código Penal introducida por la normativa vigente desde el 25 de junio, al estimar que Hernández se encuentra en un “supuesto legalmente autorizado” al haber ayudado a morir a su mujer, quien estaba casi inmovilizada.
Hernández ayudó a su esposa a morir el 3 de abril de 2019. Grabó la situación y en el video se ve cómo le pregunta a Carrasco varias veces si quiere tomar el líquido letal, que ella asiente y lo sorbe con una pajita del vaso que él le acerca.
Sostuvo que la aprobación de la Ley de Regulación de la Eutanasia reconoce legalmente “el derecho a poner fin a la vida en situaciones de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, pasando a proteger legalmente un derecho que antes no tenía cobertura legal”.
A Carrasco le diagnosticaron la enfermedad en 1989 y siete años después fue reconocida como inválida.
Manifestó su voluntad de acabar con su vida antes de verse completamente impedida. Hernández la ayudó a morir el 3 de abril de 2019: puso un medicamento letal en un vaso y se lo acercó a la mujer, que lo ingirió y falleció a los diez minutos.
Hernández grabó la situación y en el video se ve cómo le pregunta a Carrasco varias veces si quiere tomar el líquido y que ella asiente.
El hombre fue detenido luego del hecho y, luego de recuperar la libertad, colectó firmas para despenalizar la intervención voluntaria para provocar la muerte.
Deseo
En unos de sus escritos, el fiscal subrayó que Carrasco expresó de forma constante su deseo de fallecer, por sus intensos dolores -en sus palabras, “más allá de lo que podía soportar”-, y que su marido cumplió con la voluntad de su esposa “desamparado por la falta de ayudas institucionales”.
Una semana después del suicidio, la titular del Juzgado de Instrucción Número 25 de Madrid, a cargo del caso, se inhibió en favor de un tribunal de violencia de género, que rechazó su competencia.
