ESCUCHARPara Eugenio Zaffaroni, la pena que se impone a quien comete delitos no es otra cosa que venganza. Fue uno de los especialistas destacados del evento, que se realizó en Buenos Aires y concentró a juristas reconocidos de todo el mundo.
El jueves último terminó en la ciudad de Buenos Aires el II Congreso Latinoamericano de Derecho Penal y Criminología. Se trató de un evento multitudinario que contó con la presencia especialistas de la Justicia de todo el mundo. El Patio de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza se llenó de representantes de México, Brasil, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, Angola, Colombia, Perú, Uruguay, Alemania, España, Paraguay, Ecuador, Chile y Cuba, pero también había estudiantes y expertos locales. En la tercera de las jornadas cuando justicia y democracia fueron las palabras más pronunciadas, todos aplaudieron efusivamente al final de la exposición al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) Eugenio Raúl Zaffaroni.
“Ha llegado el momento de decir la verdad: la pena no tiene fundamento racional. La pena es, en esencia, venganza. Por eso debemos teorizar que hay penas ilícitas que se cumplen, que se ejecutan y se las debe tomar en cuenta a la hora de imponer una pena lícito”. “El derecho penal no va a dinamizar la sociedad ni impulsar ninguna democratización, pero sí tiene una función fundamental y básica: la de contener las fuerzas que impiden la democratización”, dijo Zaffaroni, quien con su discurso acaparó la atención de los presentes.
“La lucha por un modelo popular y democrático sigue siendo un desafío permanente del campo nacional y popular”, dijo. Y planteó que “pensar la multiculturalidad en el derecho penal es una pregunta que tenemos que formularnos todos, ya que hay países que aceptan la justicia formal y comunitaria y, para otros, eso constituye un escándalo. ¿Por qué? Será que estamos ‘formateados’ en una tradición jurídica de ley escrita. Pero pueden coexistir sistemas jurídicos paralelos e incluso sistemas penales paralelos y simultáneos”, expresó.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, destacó el enfoque latinoamericano y la urgencia de encarar reformas integrales en materia penal para adecuar los marcos normativos. “Queremos que la Argentina vuelva a tener un Código Penal acorde y no el antiguo, al que ya se le han hecho más de mil modificaciones”, dijo Alak. “Desde el rechazo de instalar el ALCA como instrumento surgieron avances en la región. Ahora, nuestras sociedades tienen el convencimiento de que las diferencias debemos resolverlas en conjunto para proyectar acciones y estrategias de mutuo beneficio”, dijo el ministro.
El vicerrector de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), René Nicoletti, celebró la presencia de tantos invitados de lujo entre los alumnos que ve a diario y encuadró el encuentro en la “posibilidad de desarrollar su profesión en el marco de la libertad y de dignidad docente de la cátedra de Derecho Penal”. Después invitó a Luzia Sebastião, jurista de Angola, a sumarse al panel final sobre “Los problemas penales del sur (y el pluralismo cultural)”.
Sebastião contó su experiencia como profesora de Derecho en Angola. “No tenemos una justicia sistematizada, escrita, codificada y positivada; sin embargo, tenemos una justicia vigente y que resuelve conflictos”, dijo, y destacó que “la justica comunitaria existe y funciona paralelamente a la justicia del Estado, donde ésta no existe. Aunque muchas veces sus normas y procedimientos entran en conflicto con las normas del poder positivo, la justicia comunitaria es la que está vigente en gran parte del territorio nacional”.
En ese sentido, Zaffaroni dijo que “de no reconocerse la existencia de una justicia comunitaria, estaríamos incurriendo en una violación de nuestro propio derecho positivo: que es la prohibición de la doble punición por el mismo hecho. La justicia comunitaria funciona, nos guste o no nos guste, y la sanción comunitaria es circunstancialmente inevitable. Salvo que creamos que ‘lo prohibido no existe’. Los que interpretan así a Hegel mejor que no manejen, porque si se les cruza un elefante, como está prohibido que esté en el camino, no lo van a ver”.
Para ejemplificar la justicia de su país, Sebastião habló de la injerencia de los hechiceros en la cultura angoleña, en la cual la pena máxima es expulsar de la tribu a aquel que no confiese el delito imputado por el tribunal comunitario (conformado por los géneros y edades que pueblan la tribu). “Para entender si es lícito o no penar una acción, es necesario entender los contextos culturales en los que se produce, porque no se puede juzgar a alguien por un delito que desconoce”, dijo.
Antes del cierre, Alak graficó la trascendencia del congreso y enumeró: 13 mesas de discusión, cinco ejes, 30 juristas internacionales, 10 instituciones y miles de asistentes entre profesionales, judiciales y estudiantes. “Esto muestra la amplitud de la convocatoria”, dijo el ministro.
