El derecho del consumidor a un proceso eficaz

Rechazan citar al fabricante de un televisor que no funcionaba, en una causa en la que se demandó al comercio que lo vendió. Afirman que se desnaturalizaría el carácter sumario que prevé la ley específica [privado] El juicio iniciado por un consumidor contra la firma que le vendió un televisor LED de 40 pulgadas, que supuestamente no funcionaba, seguirá adelante entre las dos partes sin necesidad de sumar también al fabricante, radicado en Buenos Aires, según resolvió el juez en lo Civil, Comercial y de Familia de 3ª Nominación de San Francisco, Carlos Ignacio Viramonte, quien consideró que, si se citara al último como tercero en la causa, se desnaturalizaría el carácter sumario y eficaz que debe tener el proceso de consumo, así como el mandato de interpretar las normas (incluidas las procesales) de la forma más protectoria para el consumidor. Sin expedirse aún sobre el fondo de la cuestión, el magistrado rechazó la citación del fabricante que había solicitado el comercio demandado, por considerar que, en función de lo previsto por el Art. 42 de la Constitución nacional y demás disposiciones que rigen en la materia, el consumidor tiene derecho a un proceso eficaz, lo que implica –entre otras cosas- que su conflicto sea resuelto con celeridad. Normas Se agregó que las normas procesales deben interpretarse y aplicarse armónicamente con el principio protectorio del consumidor y con el principio de celeridad, de manera tal de “evitar en los hechos que la aplicación fría de la norma procesal local vulnere el derecho a un proceso eficaz”. El magistrado también señaló que, según la Ley de Defensa del Consumido, son solidariamente responsables todos los integrantes de la cadena de comercialización; es decir, el fabricante, el productor, el transportista, el distribuidor, el vendedor, etcétera, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. “La finalidad de la ley es establecer un abanico de responsables frente al consumidor, pues este, de ordinario, no puede saber quién es el que ha causado el vicio o el defecto en el producto”, remarcó. Y agregó que el consumidor puede dirigir su acción contra uno, algunos o todos los sujetos responsables, a su elección. El juez manifestó que esta solución es compatible con la prevista por el Código Civil y Comercial (Art. 833) para las obligaciones solidarias, que dispone que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente. En la resolución se dejó en claro que el mero hecho de invocar “la fabricante es la obligada principal” no bastaba para admitir la citación del fabricante o para tener como configurado el presupuesto fáctico contenido en la norma del Art. 433 del Código Procesal Civil y Comercial (“controversia común”). El magistrado enfatizó que la intervención de los terceros en el proceso de consumo sólo es admisible “cuando ella no importa la desnaturalización de aquél”, que tiene sus propios principios sustanciales y procesales, y que es sumario, por lo que, teniendo en cuenta las particularidades de la causa, en el caso de ser citado como tercero, el fabricante (con sede en Buenos Aires) “podría eventualmente citar a otros terceros (por ej. el transportista), o impetrar una excepción de incompetencia en razón de la vecindad, ofrecer prueba, o discutir e invocar que la responsabilidad exclusiva es de la casa de comercio, etc.”. Argumento En ese contexto, el juez entendió que el argumento del demandante para oponerse a la citación era procedente por su contundencia. “Estamos en un proceso sumario, fundado en el objetivo de la Ley 24240 (de Defensa del Consumidor), que es la protección adecuada y expedita de los derechos del consumidor, y citar al fabricante conllevaría retardar el proceso”, afirmó. En definitiva, para el juez la citación del fabricante implicaría en los hechos la “vulneración del derecho del consumidor” a un proceso sumario y eficaz, derivado del principio protectorio y del principio de celeridad, consagrados en la Constitución, y que deben informar todas las normas aplicables a un proceso de consumo. “El juez tiene el deber de evitar dicha vulneración”, destacó. Por lo demás, la parte demandada, en caso de ser eventualmente condenada, podría eventualmente “repetir en contra del fabricante en otro proceso”, en el cual se podrá discutir con mayor amplitud la responsabilidad de cada uno y la cuota de contribución que corresponda. Autos: “Cavalleris, Rogelio Emilio c/Ribeiro SAC IFAEI – Abreviado – Expte. n.° 3408148” [/privado]

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