El querellante Juan Pablo Gallego ya recurrió la medida, valoró que es inadminisble y que plantea “una crisis jurisdiccional”. Sostuvo que el sacerdote -a quien definió como “un feroz pederasta”- tiene un enorme poder y “una influencia sobre los jueces que excede la de violadores comunes”
El Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón redujo casi dos años la pena de 15 años de cárcel que se le impuso al cura Julio César Grassi -que ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en marzo- por abusar sexualmente de un menor a quien debía cuidar, en la Fundación Felices Los Niños, que presidía.
Según estableció, Grassi debe cumplir aún nueve años, cuatro meses y 20 días de su condena, por lo que estará detenido hasta el 10 de agosto de 2026.
Además, explicó que hasta el momento en que la CSJN ratificó la sanción, el religioso llevaba detenido tres años, nueve meses y 20 días y que ese lapso se computa como «dos por uno», porque se cumplió antes de que la sentencia quedara firme.
Protesta
El cómputo fue aprobado el 28 de marzo pasado por el presidente del tribunal bonaerense, Claudio Chaminade, pero tomó estado público ayer, a partir de la protesta pública del abogado querellante Juan Pablo Gallego, quien aseguró que ya apeló la medida.
En su fallo, Chaminade reseñó que el acusado estuvo detenido entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre de 2002; que luego, bajo prisión domiciliaria, permaneció privado de su libertad durante el período comprendido entre el 7 de marzo y el 31 de mayo de 2012, y que el último lapso de detención fue desde el 23 de septiembre de 2013 hasta la actualidad.
Así plasmó que, de acuerdo con la ley 24390, se computan dobles los días que exceden a los dos años de prisión preventiva.
La sentencia en contra del religioso quedó firme el 21 de marzo, cuando la Corte declaró inadmisibles los recursos que su defensa presentó respecto a la condena por dos hechos de abuso sexual agravado en perjuicio de “Gabriel”.
Gallego calificó como «inadmisible» y un «escándalo» la decisión del tribunal y valoró que «plantea una crisis jurisdiccional”, ya que implica un desacato al fallo de la CSJN.
El querellante estimó que se pretende precipitar la salida a la calle del condenado y precisó que va a tomar «todas la vías recursivas” hasta llegar ante el Alto Cuerpo, para evitar que Grassi sea liberado anticipadamente.
Además, estableció un paralelismo con el beneficio concedido por el juez Carlos Rossi a Sebastián Wagner, detenido por el asesinato de Micaela García en las afueras de la ciudad entrerriana de Gualeguay.
«En estas horas, cuando la sociedad está conmovida por el horrible crimen de Micaela, vemos cómo la Justicia reincide en este tipo de pedófilos, y violadores, beneficiándolos y liberándolos anticipadamente», dijo.
“Sabemos lo que ocurre cuando estos delincuentes sexuales vuelven a las calles. Las estadísticas, tanto en el orden nacional e internacional, indican que hay una reincidencia del orden de 100 por ciento», agregó.
El letrado aseguró que durante los casi 15 años que lleva la causa ha sido una constante que cada vez que que Grassi sufre un revés judicial, “mágicamente obtiene un beneficio”.
También sostuvo que el sacerdote -a quien definió como “un feroz pederasta”- tiene un enorme poder y “una influencia sobre los jueces que excede la de violadores comunes».
En ese sentido, resaltó el despliegue económico que se vio en el caso, en el cual intervinieron 25 defensores particulares, que accionaron constantemente “para eludir el rigor con que corresponde que sea tratado un pedófilo».
Ahora, el Tribunal Oral podrá revisar la medida. En caso de que eso no ocurra, la apelación será girada a la Cámara de Garantías de Morón.
