El Consejo de la Magistratura de la Nación pedirá a la Corte Suprema de Justicia que analice las denuncias contra varios jueces federales de Mendoza acusados por su presunta complicidad con delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
La decisión se tomó ayer en la reunión plenaria del cuerpo, que calificó la situación de la justicia de esa provincia como “grave”. Allí, el Consejo resolvió solicitarle a la Corte que cubra los dos cargos que quedaron vacantes en las salas de la Cámara Federal de Mendoza, tras la suspensión de los jueces Luís Miret y Otilio Roque Romano.
El pedido del organismo ante el máximo órgano judicial de la Nación ocurrió luego de que el conjuez Carlos Parellada, designado por la Cámara que integra Romano, dictó una medida cautelar que suspendió el proceso en el Consejo de la Magistratura.
Romano también consiguió apartar al juez federal Walter Bento de una pesquisa en su contra por haber omitido denunciar e investigar episodios de torturas a detenidos políticos con anterioridad y a posteriori del golpe militar de marzo de 1976.
Hace algunas semanas el Consejo ya había iniciado el trámite para un jury de enjuiciamiento de Miret, quien intentó renunciar y acogerse a la jubilación pero el Poder Ejecutivo no le dio curso y habilitó la eventual destitución.
Al ex camarista se le imputa haber permitido que la policía torturara y violara a una menor de edad detenida en 1976 cuando el era el juez interviniente en la causa, en tanto su colega Romano denunció “persecución” de los organismos de derechos humanos que lo denunciaron.
