ESCUCHARGuillermina Greco, abogada de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que el Estado sólo destinaba 0.01% del gasto público en este programa. Cuestionó la decisión del Gobierno y explicó porqué es importante el trabajo que realizan
El Gobierno Nacional anunció el pasado lunes el cierre de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) en todo el país que se suman a los cinco que habían sido dados de baja meses atrás.
De esta manera, sólo quedarán 24 centros de este tipo que pasarán a funcionar bajo modalidad de atención virtual.
Como política de Estado, los CAJ fueron creados en el 2008 para que las poblaciones que están dispersas en las periferias urbanas y en localidades olvidadas de la Argentina profunda puedan ser escuchadas y tengan acceso al asesoramiento y acompañamiento en diversas cuestiones judiciales.
Guillermina Greco, es abogada y coordinadora del Programa Acceso a la Justicia de la Asociación por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y sobre esta decisión anunciada por el Ministerio de Justicia, dialogó con Comercio y Justicia.
-¿Qué impacto tendrá en la vida cotidiana de la gente el cierre de estos 81 CAJ?
– Lo primero que hay que decir es que esta es la única medida pública a nivel nacional que busca que las personas tengan acceso a la justicia brindando un servicio legal de atención primaria. En los Centros de Acceso a la Justicia se atienden diferentes cuestiones; algunas sencillas que pueden tener que ver con la simple tramitación de un DNI hasta cuestiones más complejas vinculadas con cuestiones de violencia de género. La idea de los CAJ es que se pueda atender a una persona de manera integral, asesorando, informando sobre derechos, explicando a la persona qué puede hacer con esos derechos y, esto se hace desde una mirada interdisciplinaria que no incluye sólo la intervención de los abogados sino también de psicólogos o trabajadores sociales. Son pensados como dispositivos de cercanía, porque el objetivo es que las comunidades que viven en lugares alejados o inaccesibles puedan tener acceso a la Justicia, se busca llegar a la mayor cantidad de personas posibles.
– La resolución del Ministerio de Justicia indica que los 24 CAJ que quedarán abiertos lo harán bajo la modalidad de atención telefónica.¿Qué opina sobre esa decisión?
– No hay mucha claridad en la resolución sobre cómo continuarán funcionando. La realidad es que una atención lejana o remota va en contra del espíritu del CAJ. No es lo mismo una atención telefónica que tener una persona adelante, o la atención de un equipo interdisciplinario. Sin dudas, esta decisión afectará a los sectores más vulnerables, tendrá un impacto fuerte, hay lugares como por ejemplo el corredor Norandino -que lo integran parajes o pueblos en el noroeste del país- donde el CAJ es la primera línea de atención que permite remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren.
– El Gobierno adujo que los CAJ son ineficientes y costosos
– Los CAJ fueron creados porque las instituciones tradicionales del sector justicia no se ocupan —o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos— de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades más necesitadas.
Las Defensorías están colapsadas y los CAJ en lugares donde hay poca oferta de servicios jurídicos son fundamentales, necesarios para dar respuesta, no hay otros dispositivos que puedan canalizar este nivel de demanda. Además, ha sido una política que ha sido ponderada por los organismos internacionales.
Respecto del presupuesto, el Ministerio de Justicia dice que se invierten 8 mil millones de pesos anuales, no sabemos si es efectivamente así, pero si ese fuera el número y confiamos en eso, la realidad que en término de política pública no es un política pública costosa; equivale al 0.01% del gasto público del Estado.
-¿Cuántas consultas ha atendido los CAJ en los últimos años?
-La información pública indica que entre de 2016 cuando se comienza a instrumentar la carga de datos y hasta el 2022 atendieron más de 1.300.000 consultas.
