El aumento a jueces costaría $56 millones

El requerimiento elevado al Poder Ejecutivo por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para equiparar los salarios de los magistrados y funcionarios con sus pares federales, se lo habría anticipado personalmente la titular del cuerpo, Aída Tarditti, al ministro de Finanzas, Ángel Elettore, quien se lo habría negado. Tras ello, el Alto Cuerpo oficializó el pedido mediante la referida acordada.

Como fuere, de efectivizarse dicho planteo, es decir, para otorgarse un incremento a los jueces, el Poder Ejecutivo provincial debería hacer un desembolso anual de 56,5 millones de pesos, equivalente al 12 por ciento que, según la acordada en cuestión, es la proporción que se daría a los jueces para comenzar a nivelarlos con los federales. A esta cifra se arriba si tenemos en cuenta que la pauta salarial presupuestada para 2010 demandará algo más de 725 millones de pesos y que a magistrados y funcionarios les correspondería alrededor de 65 por ciento de esa masa. Teniendo en cuenta ese porcentual, del total destinado a salarios en la Justicia, 471,2 millones serían para aquéllos, y para los empleados el monto asignado a salarios redondearía los 253,7 millones de pesos.

En tanto, ayer, el secretario Gerneral de la Gobernación, Ricardo Sosa, reconoció a Comercio y Justicia el pedido del TSJ y admitió: “Lo vamos a analizar”.

El gremio, a la carga
La acordada 200 del TSJ volvió a templar los ánimos de la conducción de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj) y tras lo publicado ayer por este diario, los dirigentes presurosamente solicitaron un nuevo encuentro con el Máximo Tribunal.

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Allí pretenden plantearle, entre otras cuestiones, que en 2010 sólo se hable sobre la base de la ley de porcentualidad para establecer salarios; “no queremos hablar de porcentajes ni de sumas fijas”.

“De ahora en más, queremos discutir sobre esa base y por ello es necesario saber cómo se distribuirá el presupuesto del año próximo en lo que respecta a sueldos”, aclaró enfáticamente la titular del gremio, Irina Santesteban.

Sobre la pauta salarial propiamente dicha, la dirigente reiteró que entre los empleados judiciales “ya no se soporta más recibir sólo las migas de la torta y que los magistrados y funcionarios se lleven la mayor porción”. Por eso, según Santesteban, el gremio judicial pretende sentarse a una mesa y discutir la distribución de la masa salarial, además de los restantes temas que aún están pendientes de concreción por parte del TSJ.

En el mismo sentido, la gremialista planteó que ya es un hecho el pedido de blanqueo del adicional por capacitación a partir del 1 de enero, al igual que los incrementos que se acuerden. “No queremos más que se nos lleve a incrementos salariales a partir del 1 de marzo. Nuestros salarios no necesitan dos meses de vacaciones”, disparó. Además, también reclamarán el blanqueo de todas las otras sumas no remunerativas que vienen cobrando desde hace tiempo.

Santesteban volvió a interrogarse sobre si “el monto del presupuesto de 2010 para salarios alcanzará, pues a los empleados no nos van a conformar con un 8,8 por ciento; ya lo dijimos y lo reiteramos”.

También, dentro de lo que tendrá que ver con los salarios o que se debe encuadrar dentro del presupuesto para sueldos, están otros puntos que reclama el gremio, como es el caso del pase a planta permanente de los contratados (unos 360), los ascensos y la incorporación de personal. Sobre este partirular, la titular de la A

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