El agente administrativo de la Policía fue dado de baja incorrectamente

Según el fallo, el Estado provincial no contaba con elementos suficientes para desafectar al accionante de las tareas que prestaba. Los certificados médicos avalaron el planteo del efectivo demandante [privado] La Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó el recurso de la Provincia de Córdoba en contra de la sentencia que hizo lugar a la demanda deducida por el actor, por la que solicitaba su reincorporación al cargo administrativo que ocupaba en la Policía. Paralelamente, el Alto Cuerpo reconoció el derecho del accionante all pago de los haberes no percibidos y al daño moral reclamado. Los vocales Juan Sesin, Carlos García Allocco y María Inés Ortiz de Gallardo sostuvieron que al momento de disponer la baja del actor (1/10/2010) no existían elementos suficientes que demostraran con certeza necesaria que el actor se encontraba impedido para desempeñar correctamente sus funciones policiales. El fallo afirma que tal apreciación encontraba sustento en la ponderación del diagnóstico efectuado por el Departamento de Medicina Laboral de la Policía de la Provincia con fecha 20/10/2008 y que determinaba que Javier Antonio Lencinas padecía de la afección de "trastorno de ansiedad generalizada", Según se aclara, en el informe no se precisaban antecedentes ni fundamentación. Y que un posterior estudio del mismo organismo, fechado en noviembre de 2009, no consignaba dolencia específica alguna del agente, sino que el accionante se encontraba “afectado de: síntomas de remisión (sic)”, lo que para los jueces evidenciaba posibles síntomas de alguna dolencia que estaba cediendo o perdiendo intensidad. El TSJ añadió que el actor había obtenido el alta de su médico en agosto de 2009 y había vuelto a prestar servicios en tareas administrativas a partir de septiembre de ese año, circunstancias que mostraban “en forma clara y contundente” que la Administración no se encontraba en condiciones de aseverar en el mes de octubre de 2010 que el actor se hallara en la situación descripta y regulada por el artículo 75 inciso a) de la ley 9728, y consecuentemente, disponer su baja. Asimismo, la decisión judicial destaca: “Refuerza por lo demás lo expuesto en torno a la evolución de la situación de salud del actor, el hecho de que el Departamento de Medicina Laboral de la Policía de la Provincia haya expedido un certificado médico mediante el cual otorgó al actor el alta médica en tareas habituales acordes a su escalafón”. A ello se agregaron las notas presentadas por el jefe de Zona, una por la que se solicitaba la provisión del armamento reglamentario para el actor y otra informando que el agente merecía el concepto funcional de “muy bueno”. En conclusión, el Máximo Tribunal provincial interpretó que la Administración no contaba con los elementos de convicción requeridos por la norma citada para disponer la medida cuestionada.. “Máxime si se tiene presente la trascendencia jurídica que implicaba la decisión de dar de baja a Lencinas”, agregó. Por lo que consideró que correspondía rechazar la impugnación planteada. Autos: "LENCINAS, JAVIER ANTONIO C/ PROVINCIA DE CÓRDOBA - PLENA JURISDICCIÓN - RECURSO DE APELACIÓN" (Expte. N° 385092) [/privado]

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