EEUU: vía referéndum, desplazaron de su cargo a un fiscal abolicionista

Chesa Boudin, hijo de radicales de izquierda y ex traductor del venezolano Hugo Chávez, asumió en noviembre de 2019. Los votantes de una de las zonas más progresistas lo destituyeron por los malos resultados de su gestión. Su ideología quedó en el centro del debate y se lo acusó de ser antivíctimas

La semana pasada, en Estados Unidos, los votantes de la ciudad de San Francisco desplazaron de su cargo al fiscal de distrito con ideario abolicionista Chesa Boudin , de 41 años.

Cabe aclarar que en ese país, según el sistema de cada Estado, los fiscales de distrito pueden ser nombrados por el poder ejecutivo local o elegidos por el voto popular, como es el caso de California.

El ahora ex funcionario asumió en enero de 2020, luego de un triunfo ajustado en noviembre de 2019.

Llegó al puesto con el ala demócrata afín a Bernie Sanders y fue destituido en un referéndum revocatorio especial que se ordenó a raíz de la colecta de firmas que establece la legislación.

Los malos resultados de su gestión -en especial, por la escalada de delitos contra la propiedad- sellaron la suerte de su carrera: más de 60% de los votantes eligió que se fuera.

Según The Wall Street Journal, el crimen en general bajó en San Francisco desde que Boudin asumió, pero los robos aumentaron 45% en los últimos dos años y los homicidios, 37% durante el mismo período.

San Francisco, una de las zonas más progresistas de Estados Unidos, experimenta una suba preocupante de robos y hurtos: treparon más de 40% en los últimos tres años.

También registra números récord de personas en situación de calle (más de ocho mil) y de consumo de drogas, y las muertes por sobredosis -en especial, de fentanilo- crecen desde 2015.

Aunque a Boudin le tocó dar sus primeros pasos durante la crisis desatada por la pandemia de coronavirus que castigó duramente a San Francisco (una de cada 20 personas se fue de la ciudad), sus detractores estiman que falló por su inexperiencia y su ideología, que lo llevó a tener más contemplaciones con los derechos de los delincuentes que con los de las víctimas.

Pospandemia

Un tema crítico en San Francisco es la cantidad de adictos que pasan sus días en la vía pública y la falta de reflejos de las autoridades para controlar el comercio y el consumo de drogas y los delitos vinculados con ambas actividades.

En una crónica lapidaria, la periodista Nellie Bowles afirmó que el nuevo Centro Tenderloin, en Market Street, es “básicamente un espacio seguro para inyectarse”. Según ella, en el San Francisco pospandemia “los únicos que quedan” en el centro de la ciudad son indigentes y adictos y los trabajadores sociales que se ocupan de ellos.

En un artículo titulado “Cómo San Francisco se convirtió en una ciudad fallida, y cómo puede recuperarse”, que publicó el diario The Atlantic, la periodista compartió una historia para describir el panorama. “Hace un par de años, una de mis amigas vio a un hombre tambaleándose por la calle, sangrando. Lo reconoció como alguien que habitualmente dormía a la intemperie en el barrio y llamó al 911. Los paramédicos y la policía llegaron y comenzaron a atenderlo pero los miembros de un grupo de defensa de los sin techo intervinieron. Le dijeron al hombre que no tenía que subir a la ambulancia, que tenía derecho a rechazar el tratamiento. Eso fue lo que hizo. Los paramédicos se fueron, los activistas se fueron. El hombre se quedó solo en la acera, todavía sangrando. Unos meses después murió a una manzana de distancia”, narró.

Fentanilo

En San Francisco, las víctimas por sobredosis aumentaron dramáticamente durante los últimos años: en 2015 hubo 92 muertes y en 2020 cerca de 700.

La circulación del fentanilo es parte de la explicación.

En 2014, una ley estatal ablandó las consecuencias de la posesión de drogas, que dejó de ser un delito grave y pasó a ser uno menor.

Aunque en 2019 esa sustancia ya causaba estragos entre la población adicta, apenas asumió, Boudin -ex defensor público- adelantó que no dedicaría recursos a perseguir el ilícito y les ordenó a los fiscales bajo su mando no presentar cargos en delitos asociados con la falta de vivienda y la dependencia de los estupefacientes, entre otros.

En poco más de dos años, unos 60 agentes, casi la mitad de su equipo, se jubilaron o renunciaron por diferencias de criterio con su superior.

Brooke Jenkins, un ex fiscal de homicidios que se retiró después de la llegada de Boudin, denunció que su ex jefe presionó a varios colegas para que encuadraran delitos mayores como menores.

Los impulsores de su destitución aseguran que sus políticas les permitieron a los criminales reincidir sin mayores problemas y que no hizo nada para proteger a las víctimas y a los más vulnerables de la ciudad.

Cabe resaltar que, según una reciente encuesta nacional de Gallup, la preocupación por el crimen entre los estadounidenses está en su punto más alto desde 2016.

Argentina

Boudin era un bebé de 14 meses cuando sus padres, radicales de izquierda de Weather Underground, participaron de un robo fallido en Nueva York, en 1981. En el hecho perdieron la vida dos policías y un guardia de seguridad.

Su madre pasó más de dos décadas tras las rejas. Salió en libertad condicional en 2003 y murió de cáncer en mayo pasado. Su padre, condenado a la pena de 75 años por su rol como chofer del auto de escape, fue liberado hace pocos meses.

En 1999, cuando era adolescente, Boudin inició un viaje por América Latina. Vivió en Argentina, Chile, Brasil, Colombia y Guatemala. En 2004 se instaló en Venezuela.

Empezó a participar en círculos de izquierda de ese país caribeño en los que lo presentaban como “hijo de presos políticos en los Estados Unidos” y consiguió trabajo como traductor en el palacio presidencial.

En su libro Chavistas en el imperio , el periodista Casto Ocando lo describe como miembro de una “familia de radicales marxistas norteamericanos”.

También precisa que Boudin, quien recibió una educación de elite en Yale, tradujo al inglés un libro de conversaciones de Chávez con la intelectual chilena Marta Harnecker y que coescribió un volumen en defensa del chavismo, en colaboración con Gabriel González, un asesor del gobierrno, y Wilmer Rumbos, columnista de la página prochavista Aporrea.org

Derecha

El resultado de la votación de la semana pasada refleja el descontento ciudadano con las políticas de persecución penal de tono abolicionista que se vienen ensayando después del triunfo de Joe Biden , incluso en lugares con electores poco permeables a la idea de “mano dura” que propalan los sectores afines a la derecha política.

En Los Ángeles podría repetirse un escenario similar al de San Francisco. Quienes acusan a la “nueva ola” de fiscales progresistas de operar para, entre otras cosas, desfinanciar la policía, están cerca de reunir las firmas necesarias para ir por la destitución de George Gascon, el antecesor de Boudin que le abrió paso con su renuncia y fue electo en 2020 en esa ciudad.

Promotores

Los principales promotores de la destitución de Boudin fueron los fiscales que quedaron bajo sus órdenes y renunciaron por diferencias de criterio y la Asociación de Oficiales de Policía de San Francisco, que lo acusó de ser demasiado indulgente con los reincidentes.

Don du Bain, un ex agente con siete años de experiencia, quien dimitió el año pasado, afirmó que Boudin cumplía “selectivamente las leyes en el estado de California” y de acuerdo con “sus propias prioridades políticas”.

El planteo que más caló en los votantes fue que, al priorizar la reducción del encarcelamiento, instaló una sensación de invulnerabilidad entre las personas con antecedentes.

En el marco del debate social y posterior campaña que derivó en la destitución de Boudin, un artículo del matutino The Dally Signal lo definió como “parte de una camada de fiscales corruptos que quiere aplicar ingeniería inversa al sistema de justicia penal”.

Según el mismo medio, agentes “independientes a favor de la ley y el orden” están siendo reemplazados por funcionarios “procriminales y antivíctimas”.

Por lo pronto, los expertos predicen que después de Boudin no habrá un giro a la derecha en la aplicación de la ley sino una “recalibración hacia el centro” y que primará la noción de que no hay que elegir entre la seguridad pública y la reforma de la justicia criminal.