La Cámara en lo Criminal y Correccional Federal revocó un fallo que les impedía a dos ONG (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y Centro de Investigación y Prevención contra la Criminalidad Económica) acceder a una causa en la que se investigan hechos fraudulentos que habrían comprometido fondos estatales destinados a la implementación de políticas de interés público, cuyo control fue asignado a la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia. El tribunal estimó que debía optarse por la publicidad de los contenidos que hacen a la cosa pública y valoró que debían permanecer reservadas aquellas partes de la investigación con datos que, de acuerdo con la apreciación del juez, no deban divulgarse.
La Alzada consideró las ONG intentan contribuir al fortalecimiento de las instituciones, por lo que destacó que tenían interés legítimo.
