ESCUCHAREl Juzgado Nacional de Ejecución Penal Número 3 le concedió el arresto domiciliario a un interno que sufrió torturas y vejaciones por parte de guardias penitenciarios.
La titular de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP), Guillermina García Padín, dictaminó que correspondía que el penado alojado en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fuera acreedor del beneficio, con control mediante monitoreo electrónico, atendiendo a que en se habían tenido por acreditadas -con el grado de certeza de un procesamiento- las torturas que sufrió, infringidas por personal penitenciario.
En septiembre del 2017, el titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 7, Sebastián Casanello, dictó el procesamiento de los agentes Rolando Rodríguez y Antonio Cuevas, subdirector y jefe de Seguridad Interna del Módulo II del Complejo Penitenciario Federal II de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respectivamente, por considerarlos autores prima facie responsables del delito de torturas agravadas por haber causado lesiones gravísimas al detenido.
Investigación
Según la investigación, el detenido habría sido llevado a la oficina de la jefatura y sometido a agresiones físicas y psíquicas mediante golpes y prácticas conocidas como submarino seco, ahorcamiento y gatillo en falso. Durante el trámite de la causa intervino la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).
La defensa solicitó la aplicación de un cómputo privilegiado a fin de tener por cumplida la pena o, en su defecto, su incorporación al régimen de libertad anticipada.
La fiscal entendió que tales pretensiones debían ser descartadas pero advirtió de que debían procurarse medidas tendientes a proteger la integridad física del condenado para evitar la repetición de hechos como los denunciados.
Gravedad inusitada
En ese sentido, valoró que había riesgo de que el hombre continuara privado de su libertad bajo la órbita del SPF y propició su arresto domiciliario, al entender que su permanencia en la cárcel lo exponía a situaciones de una gravedad inusitada, haciendo que su integridad personal y su vida enfrentaran un riesgo de irreparable daño ulterior.
La agente acompañó su propuesta con el “Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica”, que implementa un dispositivo de control bajo la órbita de la Dirección Nacional de Readaptación Social.
