ESCUCHARMientras trabajadores de la salud de distintos puntos del país cuestionan el recorte presupuestario en el sector discapacidad, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio (JxC) encabezado por la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) presentó un pedido de informes.
Cabe recordar que terapeutas, transportistas, fonoaudiólogos y acompañantes terapéuticos, entre otros, no cobran desde hace meses sus honorarios. La protesta es nacional y busca visibilizar las necesidades del sector.
Los legisladores de la oposición reclaman que el Gobierno nacional precise si hay demoras en los pagos de prestaciones por servicios de salud a las personas con discapacidad, y en su caso, sus causas.
También preguntaron si a la fecha hay “reclamos o requerimientos en trámite ante la Superintendencia de Servicios de Salud o demás autoridades a cargo del sistema de prestación de atención integral a favor de las personas con discapacidad, por parte de prestadores de servicios de salud vinculados a retrasos en los pagos de las prestaciones para pacientes”.
Asimismo, pidieron conocer el plazo en el que se estima regularizar la situación de los pagos de las prestaciones correspondientes a junio pasado.
En los argumentos de su iniciativa, los diputados de JxC consignaron que según la Ley 24901 “las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión” y recordaron que deben ser cubiertas por obras sociales y prepagas.
Por la mañana, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), representantes de centros de día, ONGs, transportistas y familiares de personas con discapacidad autoconvocados se manifestaron frente a Casa de Gobierno para denunciar el ajuste en el sector.
Lo propio sucedió el lunes en Córdoba, en las inmediaciones del Patio Olmos.
En la marcha local, Rocío Gigena Lirusso, abogada y mamá de un niño con discapacidad, le explicó al medio Diversidad que los reclamos y medidas de fuerza se deben a que las personas que prestan algún servicio relacionado al área de la discapacidad no cobran sus honorarios desde hace meses.
“Los prestadores de salud reclaman a las obras sociales el pago de los montos y las obras sociales se desentienden manifestando que el Gobierno Nacional -concretamente la Superintendencia de Servicios de Salud- no libera el pago del reclamo, quien a su vez, tira la pelota a la Afip acusándola de no cumplir en tiempo la obligación de validar las facturas ya rendidas para proceder al pago de las mismas, convirtiéndose en un ir y venir de delegación de responsabilidades donde nadie se hace cargo, y los profesionales siguen sin cobrar y sin tener plata ni para asistir a sus consultorios a seguir trabajando”, precisó la letrada.
En tanto, Gigena Lirusso indicó que si bien es cierto que en julio pasado se estableció un aumento de los montos del Nomenclador de Prestaciones Básicas, el incremento “quedó desvanecido en el transcurrir de los meses sin cobrar”, por la inflación.
“El reclamo es para que se efectivice el pago de los honorarios por el trabajo realizado durante los meses de marzo al corriente y que se regularice la cadena de pagos definitivamente”, dijo la abogada en entrevista con Diversidad.
