ESCUCHAREl fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, solicitó que se eleve a juicio oral la causa en la que son investigados el dueño y el subdirector médico del ex Sanatorio San Carlos, de Escobar, por la violación de las medidas adoptadas durante la pandemia de covid-19 y por la propagación de la enfermedad dentro de la institución. Según la acusación, como consecuencia de ello, 54 personas (entre pacientes y personal del establecimiento) se contagiaron y 23 de ellas fallecieron entre abril y mayo de 2020.
De acuerdo con la investigación, Juan Carlos Linares, presidente de Salutis SA -firma que prestaba el servicio de salud- era el principal responsable de tomar las decisiones relativas al funcionamiento del establecimiento; y Alberto Pablo Lauría era el subdirector médico del establecimiento.
Según se pudo corroborar en la causa, los acusados “teniendo a su disposición los medios más efectivos y confiables para prevenir la introducción y propagación del virus SARS-CoV 2 (COVID-19), desatendieron los protocolos y las medidas de profilaxis necesarias, que de hecho decidieron voluntariamente no cumplir”.
La causa comenzó en mayo de 2020 luego de una denuncia realizada por una mujer que relataba una serie de hechos ocurridos durante la internación de su madre, en los que mencionaba la negligencia del lugar con respecto a los cuidados y la violación de los protocolos dictados en el marco de la pandemia por las autoridades sanitarias. A partir de ello, se tomaron declaraciones testimoniales tanto de familiares como del personal que trabajaba en el establecimiento.
Según la acusación, la violación de los protocolos, que eran de cumplimiento obligatorio, ocurrió debido a que Linares y Lauría no implementaron las medidas suficientes vinculadas con la prevención y control de la enfermedad. En el requerimiento se explicó que los acusados no tomaron medidas para proteger al personal ni a los pacientes como tampoco a los contactos estrechos de los casos confirmados.
Asimismo, el personal no recibió procesos de capacitación adecuados para prevenir el contagio y/o la propagación de la enfermedad. En relación con las instalaciones, no se adecuó un ingreso sectorizado de pacientes con procesos respiratorios agudos. Dentro del requerimiento, se marcó incluso que «los cadáveres con covid-19 (en ese momento ya existía la sospecha y tenían que ser tratados como tales) no eran transferidos con urgencia al depósito o morgue después del fallecimiento sino que permanecían varias horas en el mismo ámbito que los pacientes que seguían internados, con el correspondiente riesgo de contagio que ello implicaba».
Dentro de las irregularidades detalladas por la fiscalía se especificó la falta de testeo masivo de los pacientes y del personal del establecimiento que habían tenido contacto estrecho con los primeros casos positivos y mantener en funcionamiento el establecimiento médico cuando ya sabían que el virus estaba diseminado por las diferentes áreas.
