Diputados de la Coalición Cívica piden juicio político del ministro de Educación Nicolás Trotta

La Coalición Cívica presentó un pedido de juicio político en contra del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien horas antes de que el presidente Alberto Fernández anunciara que en el AMBA se volverá a la modalidad virtual el lunes, durante 15 días, garantizó ante el Consejo Federal de Educación que se iba a mantener la presencialidad en las aulas “como prioridad”.
Los diputados nacionales del bloque de aquella fuerza alegan que la “impericia y falta de planificación” del funcionario viene causando daños irreparables y cuestionan lo que definieron como “la irrazonable decisión de cerrar todo el sistema educativo del país sin ningún tipo de distinción y análisis epidemiológico por provincias o localidades durante 2020”, ignorando evidencia científica.
En el proyecto de resolución que redactó Maximiliano Ferraro -presidente de la CC-ARI-, se considera que el ministro “tuvo el tiempo y recursos presupuestarios necesarios para poder preparar y acondicionar las escuelas y mejorar la infraestructura ante la segunda ola de la pandemia”.
Además, critica “la decisión de ceder la gestión y la política educativa en algunos sectores gremiales y corporativos”.
También acusa a Trotta de tomar de “erráticas, improvisadas e incongruentes decisiones y políticas educativas que agravaron la desigualdad y los niveles de aprendizaje, que le fueron advertidas por diferentes actores del mundo científico y pedagógico y nunca tomó en cuenta”.
Para los diputados del interbloque Juntos por el Cambio, el ministro desconoció que “la virtualidad tiene un límite y es complementaria a la presencialidad” y recordó que “19% de los alumnos de educación primaria no tiene acceso a internet”.
Entre los motivos que enumeran para iniciar un juicio político, conforme lo establece el artículo 53 de la Constitución Nacional, citaron la negativa de Trotta de asistir al Congreso para brindar información y su incumplimiento del compromiso que asumió tendiente a asegurar la presencialidad, “tomado en acuerdo con los ministros de todas las jurisdicciones”.
“Ha dejado de cumplir su responsabilidad primaria de garantizar la obligación indelegable del Estado de asegurar el derecho humano y social a la educación”, añadieron.